Hugo Javier González. Foto: La Nación, Archivo
El Tribunal de Sentencia decidió postergar hasta febrero de 2026 el juicio oral y público contra el exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y otros coacusados por el presunto desvío de G. 18.300 millones. La reprogramación se debe a una superposición de audiencias en la agenda judicial, según lo informado por fuentes oficiales del Poder Judicial.
La causa se basa en la acusación presentada por el Ministerio Público, que señala la existencia de un esquema estructurado para la transferencia irregular de fondos públicos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. El dinero fue desembolsado bajo el argumento de financiar 51 proyectos sociales y comunitarios, que habrían sido gestionados por varias organizaciones.
Entre las entidades involucradas en el circuito de recursos figuran el Consejo Regional de Salud de Central, la Asociación Integran de Apoyo Profesional, la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares y la Asociación Ecodesarrollo. La Fiscalía sostiene que estas transferencias se realizaron violando las disposiciones legales vigentes en materia de administración pública.
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El monto total comprometido por la Gobernación de Central asciende a G. 18.384.427.005, de un total de G. 24.424 millones desembolsados, según el expediente fiscal. El juicio estaba previsto originalmente para abril de 2025, pero fue reprogramado para el año siguiente, retrasando el tratamiento oral del caso.
Este proceso judicial se suma a la reciente condena de 10 años de prisión dictada contra Hugo Javier por otro caso relacionado con el mal uso de G. 5.105 millones provenientes de fondos COVID-19. Dichos recursos estaban destinados a programas de reactivación económica y social en plena etapa de recuperación post pandemia.
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Con esta nueva postergación, se prolonga la definición judicial sobre uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción departamental en los últimos años. La expectativa recae ahora en la audiencia de febrero de 2026, donde la Justicia deberá resolver sobre las responsabilidades penales de los acusados.
Fuente: Megacadena
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