La defensa del suboficial Gustavo Florentín, único procesado por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana, presentó contundentes argumentos finales en el juicio oral y público que busca esclarecer uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en Paraguay. Durante la audiencia, el abogado Ricardo Estigarribia expuso severas inconsistencias en la pericia balística que sustenta la acusación fiscal.
El caso se remonta a la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando un grupo de efectivos policiales irrumpió violentamente en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Asunción. En medio del operativo, Rodrigo Quintana, joven dirigente liberal, recibió un disparo de escopeta por la espalda que le causó la muerte instantánea, hecho que quedó registrado en grabaciones de seguridad y generó conmoción nacional.
[ACTUALIZACIÓN] #RodrigoQuintana
«No estamos hablando de vándalos, delincuentes, es un policía, hace su trabajo», expresó la defensa de Florentín y solicitó que sea absuelto, además mencionó la sentencia de Villarrica, entre otros detalles. pic.twitter.com/59lh6zt3wK— El Observador (@observapy) April 11, 2025
Durante los alegatos finales, Estigarribia cuestionó severamente el informe balístico presentado por el Ministerio Público, calificándolo como “hecho a medida” para sustentar la acusación contra su defendido. “El informe dice que se abrió la puerta y se procede a la medición del lugar desde el ingreso hasta el lugar donde fue encontrado el joven Rodrigo Quintana, dando el mismo 14,30 metros y 11,30 metros del lugar donde impacta aproximadamente. Nosotros con una cinta métrica, en presencia de todas las partes, pudimos corroborar que este informe fue hecho a medida”, aseveró frente al tribunal de sentencia.
El letrado destacó que en el acta de constitución realizada en la sede del partido liberal quedó “expresa constancia de las diferencias” entre el informe pericial y la recreación del homicidio. Según la defensa, existe un margen de error crítico de entre 4 y 5 metros, discrepancia que calificó como “gravísima” y que compromete seriamente la validez de la prueba técnica principal que sostiene la acusación contra Florentín.
En su exposición, la defensa también citó las declaraciones del forense Pablo Lemir, quien había manifestado que su trabajo era “cualitativo y no cuantitativo”, indicando que el aspecto cuantitativo correspondía al perito balístico. “Hay una gran diferencia. Esa gran diferencia es demasiada”, enfatizó Estigarribia, apuntando directamente a las responsabilidades del Ministerio Público y del fiscal Hernán Galeano en los “errores” cometidos durante la investigación.
La argumentación defensiva se apoyó también en el análisis del video que registró el atropello policial, material que muestra el momento en que Quintana cae abatido. Según Estigarribia, las imágenes no permiten determinar con certeza absoluta quién de los tres efectivos policiales presentes en el lugar efectuó el disparo mortal. “Nadie puede tener certeza absoluta de quién de los tres disparó. Se puede suponer cuestiones”, subrayó, cuestionando así la individualización de la responsabilidad penal en su defendido.
“La pericia balística se equivocó de acá a la luna, según lo que vimos. Salvo que la cinta métrica del señor fiscal está adulterada, que no creo porque es estándar. Cae por su propio peso. No puede ser que un experto en medición balística cometa un error tan grande en una variación de 4 metros de diferencia. Es imposible que pueda ocurrir ese error”, insistió el defensor, en un intento por desacreditar la principal prueba técnica que vincula a Florentín con el homicidio.
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Por su parte, el Ministerio Público se mantuvo firme en su posición acusatoria, solicitando una condena de 25 años de prisión para el suboficial Florentín, a quien considera responsable del disparo que acabó con la vida del joven liberal. La Fiscalía sostiene que las pruebas técnicas, testimoniales y documentales recolectadas durante la investigación son suficientes para establecer la culpabilidad del acusado.
El caso Quintana, que cumple ocho años sin resolución judicial definitiva, sigue presentando interrogantes fundamentales que trascienden la responsabilidad individual del ejecutor material. La principal incógnita que persiste, y que ha sido sistemáticamente evadida durante el proceso, es quién dio la orden para el allanamiento ilegal y violento a la sede partidaria en aquella madrugada de abril.
Fuente: Última Hora
