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Plan SUMAR bajo la lupa: millonarios recursos y educación desactualizada

El programa educativo sobre drogas desconoce marcos legales vigentes como la Ley de Cannabis Medicinal, mientras destina la mayor parte de su presupuesto a consultorías y viáticos.

Plan Sumar.

El Ministerio de Educación y Ciencias implementa actualmente el Plan SUMAR, un programa educativo sobre prevención de drogas que reemplazó al antiguo Chau Chespi, pero que mantiene un enfoque considerado obsoleto por especialistas. Según una investigación realizada por Alfredo Guachiré, el plan cuenta con G. 14.300 millones de presupuesto, de los cuales G. 9.600 millones están destinados exclusivamente a consultorías, mientras que gran parte del saldo restante se utiliza para capacitaciones y viáticos. Esta distribución presupuestaria ha generado cuestionamientos sobre la efectividad real del programa y su impacto en los estudiantes.

De acuerdo con el análisis de los documentos presupuestarios, el MEC ya ejecutó G. 12.000 millones durante 2024, manteniendo la misma proporción de gastos: más del 80% se destinó a consultorías, capacitaciones y movilidad, dejando un porcentaje mínimo para el desarrollo de contenidos pedagógicos basados en evidencia científica. Para 2025, el panorama no parece mejorar, ya que se aprobó una ampliación presupuestaria adicional de G. 2.328 millones, siguiendo la misma estructura de gastos que prioriza servicios externos por encima del material educativo.

Un aspecto particularmente problemático del Plan SUMAR es el contenido de los cuadernillos distribuidos en las instituciones educativas públicas. Estos materiales presentan un enfoque uniforme y moralizante que no distingue entre las diferentes sustancias, sus usos y efectos. Por ejemplo, el cannabis aparece agrupado junto a drogas como el crack y la cocaína, sin hacer distinciones entre usos recreativos, abusivos o medicinales. En la guía Padres que SUMAN, el material afirma categóricamente que el THC es adictivo y lo vincula directamente con la psicosis y esquizofrenia, omitiendo mencionar que el cannabis medicinal es legal en Paraguay desde 2017 mediante la Ley N.º 6007.

Esta omisión resulta particularmente grave considerando que el Taller 4 del mismo cuadernillo incluye al cannabis en una dinámica educativa junto al tabaco, los vapeadores y la cocaína, sin hacer ninguna aclaración sobre su uso medicinal regulado. Guachiré señala que esta ausencia de información borra del discurso institucional a miles de pacientes paraguayos que acceden legalmente al aceite de cannabis mediante prescripción médica, tal como lo permite el artículo 30 de la Ley 1340, configurando así una desinformación sistemática desde el propio sistema educativo.

Otro punto crítico identificado en el análisis es el tratamiento desigual que reciben diferentes sustancias en los materiales educativos. Mientras el cannabis es presentado sin matices como una droga peligrosa, el alcohol y el tabaco reciben menciones superficiales, a pesar de que numerosos estudios científicos internacionales, como los publicados en la revista The Lancet, posicionan a estas dos sustancias legales entre las más perjudiciales para la salud pública. No se analizan sus daños sociales ni se abordan temas como la influencia de grupos de presión, como la industria tabacalera, en la normalización de su consumo.

La investigación también destaca que los materiales del Plan SUMAR no promueven el pensamiento crítico entre los estudiantes. En lugar de educar sobre conceptos fundamentales como salud pública, reducción de daños o derechos de los pacientes, los cuadernillos se limitan a repetir el eslogan decile no a las drogas. No proporcionan información práctica sobre cómo actuar ante una crisis, cómo identificar un consumo problemático o qué redes de atención están disponibles para quienes necesitan ayuda. La prevención se reduce exclusivamente a la promoción de la abstinencia total, sin ofrecer herramientas reales para situaciones complejas.

Un aspecto recurrente en los mensajes del Plan SUMAR es la tendencia a desplazar la responsabilidad hacia las familias. El programa insiste en que la prevención empieza por casa, pero simultáneamente no cumple con su rol de ofrecer información veraz ni herramientas útiles para que las familias puedan asumir esa responsabilidad. Guachiré argumenta que la prevención efectiva requiere políticas públicas integrales, no simplemente la transferencia de responsabilidad a los hogares sin el respaldo de información precisa y actualizada. Los talleres propuestos para el tercer ciclo y la educación media carecen de contenidos científicos actualizados sobre temas fundamentales como salud mental, desigualdad social, autocuidado o consumo informado.

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El contraste entre la inversión económica y la calidad de los contenidos resulta alarmante. Entre 2024 y 2025, el Estado paraguayo destinará G. 12.834 millones solo a consultorías, viáticos y capacitaciones del Plan SUMAR, mientras que los materiales producidos ignoran leyes vigentes, refuerzan prejuicios y proporcionan información desactualizada o directamente incorrecta. Esto plantea serias dudas sobre la eficacia del programa y su alineación con los objetivos educativos declarados de formar ciudadanos críticos y bien informados.

Frente a esta situación, diversos especialistas y organizaciones ciudadanas han comenzado a exigir una revisión integral del Plan SUMAR. La educación sobre drogas representa una oportunidad para formar ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas, comprender sus derechos y cuidar su salud. Sin embargo, el programa actual parece construirse desde lo que sus críticos denominan una pedagogía del miedo, sustentada en concepciones prohibicionistas que no corresponden con el marco legal vigente ni con la evidencia científica disponible. La comunidad educativa está siendo llamada a examinar críticamente estos materiales y a exigir una actualización que incluya la participación de profesionales de diversas disciplinas como la medicina, la psicología, la educación y el derecho.

Fuente: Alfredo Guachiré