Un polémico proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores amenaza con modificar sustancialmente el sistema de controles sobre los ministros de la Corte Suprema de Justicia que ejercen como superintendentes en las diferentes circunscripciones judiciales del país. La iniciativa, que busca modificar el artículo 8 de la Ley 609/1995, fue presentada el 26 de marzo y ha generado alarma entre legisladores de la oposición, quienes advierten sobre los riesgos de concentración de poder en el máximo órgano judicial.
La senadora Yolanda Paredes ha sido una de las voces más críticas frente a esta propuesta legislativa, señalando que actualmente la ley establece que los superintendentes deben ser electos cada cinco años y no pueden ser reelegidos de manera consecutiva, sino únicamente de forma alternada. Sin embargo, la modificación propuesta eliminaría estos límites temporales, dejando a discreción de la propia Corte Suprema de Justicia determinar el periodo de permanencia de los ministros en sus funciones de superintendencia, lo que según la legisladora constituye un peligroso retroceso en materia de equilibrio de poderes.
SENADORA ACUSA A MINISTROS DE CSJ DE BUSCAR «ATORNILLARSE» POR 5 AÑOS |
➡️La senadora Yolanda Paredes advirtió sobre un proyecto de ley presentado por la máxima instancia judicial hace 15 días en el Senado y acusa a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de buscar… pic.twitter.com/XcasBqYFj4
— Radio 780 AM (@780AM) April 15, 2025
El aspecto más preocupante de la iniciativa, según expuso Paredes, radica en que existen superintendentes que ya tienen un control desproporcionado sobre ciertas circunscripciones del país, particularmente en zonas fronterizas de alta actividad económica como Alto Paraná y Amambay. La senadora señaló específicamente que ambas circunscripciones se encuentran actualmente bajo el control del ministro César Diésel, una situación que podría perpetuarse indefinidamente si se aprueba la modificación propuesta, consolidando feudos judiciales que operan con escaso control institucional.
La eliminación de límites temporales para los cargos de superintendencia ha sido interpretada por sectores críticos como un intento de los ministros de la Corte para “atornillarse en el cargo”, estableciendo bases de poder territorial que les permitan ejercer influencia sobre jueces, fiscales y el sistema judicial en general. Este fenómeno resulta particularmente sensible en departamentos fronterizos donde el movimiento económico es significativo y donde los intereses comerciales y empresariales tienen una fuerte presencia, requiriendo frecuentemente resoluciones judiciales favorables a sus actividades.
Paredes ha cuestionado abiertamente las motivaciones detrás del proyecto, señalando que no resulta “saludable” esta ampliación potencialmente indefinida en los cargos de superintendencia. Por el contrario, advierte que la iniciativa “propiciaría que se formen y mantengan las roscas conformadas por jueces, Ministros de la Corte y abogados que operan con grupos económicos bastantes fuertes”, generando estructuras de poder judicial que responderían a intereses particulares por encima del interés general y la correcta administración de justicia, uno de los pilares fundamentales del estado de derecho.
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El debate sobre esta modificación legislativa ocurre en un contexto donde el Poder Judicial paraguayo enfrenta cuestionamientos sobre su independencia y efectividad. Diversos organismos internacionales y observadores locales han señalado repetidamente las deficiencias del sistema judicial incluyendo la concentración de poder, la falta de transparencia en los nombramientos y la influencia política en decisiones judiciales. El proyecto en cuestión, lejos de abordar estas problemáticas, podría agravarlas al permitir la consolidación de feudos judiciales con escasos controles institucionales.
La controversia ha trascendido el ámbito legislativo y ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos y asociaciones empresariales preocupadas por la seguridad jurídica. Mientras los defensores del proyecto argumentan que proporcionaría continuidad y experiencia en la administración judicial, sus detractores señalan que cualquier beneficio potencial quedaría anulado por los riesgos de concentración de poder y la formación de estructuras judiciales que respondan a intereses particulares en detrimento de la justicia imparcial que demanda el estado democrático.
Fuente: ABC Color
