La exjueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot, procesada en el denominado caso “mafia de los pagarés”, recibió medidas alternativas a la prisión preventiva. El juzgado le impuso una fianza real de G. 200 millones correspondiente a un inmueble familiar, además de prohibirle salir del país y cambiar de domicilio sin autorización judicial, debiendo comparecer trimestralmente ante el juzgado para firmar el libro de actas.
El juez Rodrigo Estigarribia, quien actúa como interino en reemplazo de Humberto Otazú, atendió el pedido formulado por la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla. La representante del Ministerio Público había solicitado estas medidas alternativas al presentar la imputación contra González de Bristot, quien está procesada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
[TRIBUNALES]La exjueza de Paz Liliana González de Bristot ya participa de su audiencia de imposición de medidas en el caso #mafiadelospagarés.
Está imputada por los hechos punibles de prevaricato en calidad de autora y uso de documentos públicos de contenido falso en… pic.twitter.com/9He89AZ1t5
— El Observador (@observapy) April 21, 2025
Según la imputación fiscal, la exmagistrada habría participado junto a otras personas en procedimientos de preparación de acciones ejecutivas en el Juzgado de Paz de San Roque. Estos actos procesales aparentaban estar ajustados a las formalidades legales, pero según el Ministerio Público no reflejaban la realidad de lo actuado, favoreciendo indebidamente a empresas de cobranzas.
La investigación determinó que la exjueza habría dictado resoluciones judiciales violando el derecho para beneficiar a las partes actoras. Además, a pesar de conocer que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se realizaban correctamente, González de Bristot habría continuado con los procesos hasta llegar al dictamiento de sentencias definitivas de remate y posteriores descuentos compulsivos de salarios.
El caso comenzó a investigarse en diciembre de 2024 y continuó en enero de 2025, a partir de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público y denuncias presentadas por abogados y víctimas. Estas denuncias exponían irregularidades presuntamente cometidas en Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas utilizando pagarés como instrumentos.
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A través del análisis de expedientes incautados, la Fiscalía identificó un modus operandi consistente en acuerdos entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores y abogados representantes de empresas de cobranzas. Este esquema permitía realizar procesos de preparación de acción ejecutiva de manera irregular, afectando a numerosos ciudadanos.
En un caso relacionado, el juez Estigarribia rechazó un incidente de nulidad y ratificó la validez de la imputación fiscal contra Carmen Analía Cibils Miñarro, jueza de Paz de Encarnación, también procesada por prevaricato y uso de documentos públicos falsos en el marco del mismo caso. Los abogados defensores argumentaron indefensión y falta de claridad en la acusación, pero el juzgado determinó que el acta de imputación contenía una relación adecuada de los hechos atribuidos.
Fuente: ABC Color
