La jueza penal de la ciudad de Luque, Carmen Rosana Román, otorgó arresto domiciliario a un hombre imputado por el presunto abuso sexual de su hijo de seis años. La medida generó fuertes cuestionamientos por parte de la madre de la víctima, representada legalmente por la abogada Bilfia Aria, quien calificó la decisión como un precedente nefasto para la protección de la infancia en Paraguay.
La defensa de la madre denuncia que, durante el proceso, se cometieron graves irregularidades, señalando además un presunto tráfico de influencias. La abogada argumentó que el imputado es hermano de una fiscala en ejercicio, quien habría ofrecido una fianza inmobiliaria para facilitar la liberación de su familiar.
El proceso de investigación ha estado marcado por obstáculos. La defensa solicitó oportunamente que el niño declare en Cámara Gesell, sin embargo, debido a maniobras procesales, esta prueba aún no pudo realizarse. La abogada sostiene que existen dos informes psicológicos y un análisis victimológico que confirman las denuncias de abuso.
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La imputación inicial fue realizada por la fiscala Andrea Río, quien posteriormente fue recusada junto con la psicóloga designada para evaluar al menor. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la fiscala Fanny Beatriz Aguilera Espinoza, de la unidad de Villa Elisa.
Impacto en la familia de la víctima
La madre del niño no solo enfrenta el trauma emocional derivado de la situación de su hijo, sino también una serie de ataques y difamaciones presuntamente impulsadas por allegados al imputado. Según la defensa, esta situación refleja una revictimización sistemática y una falta de garantías procesales adecuadas para las víctimas de delitos sexuales contra menores.
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La abogada Aria afirmó que la familia solicitará en los próximos días el cruzamiento de llamadas entre los operadores de justicia involucrados para investigar posibles injerencias indebidas que habrían afectado el normal desarrollo del proceso penal.
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El caso ha generado indignación en sectores defensores de los derechos de la niñez, quienes advierten sobre los riesgos de otorgar beneficios procesales a personas acusadas de delitos graves como el abuso sexual infantil. La abogada anunció que no descartan recurrir a instancias superiores e incluso internacionales en busca de justicia para la víctima.
Además, se analiza la posibilidad de promover acciones contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan facilitado condiciones que vulneran el derecho de la infancia a una protección efectiva ante hechos de violencia sexual.
Fuente: Última Hora
