María Edith de Chávez y José Chávez, Padres de Soledad Chávez, aguardan la sentencia en el caso de su hija. ABC
Este miércoles se desarrolla el juicio oral y público que definirá las penas que deberán cumplir la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, ambas declaradas culpables por el homicidio culposo de la joven María Sol Chávez Franco. El proceso tiene como único fin establecer el tiempo de condena que corresponde a cada una, luego de haber sido halladas responsables por la muerte de la estudiante de odontología, ocurrida en abril de 2021.
Las acusadas ya fueron condenadas en instancias previas a cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia no aplicó la inhabilitación profesional, lo que generó fuertes cuestionamientos de la familia de la víctima y sectores sociales. Este nuevo juicio se presenta como una oportunidad para establecer una pena proporcional a los hechos y atender las demandas de justicia de los familiares.
Desde hace diez meses, María Edith de Chávez y José Chávez, padres de la joven fallecida, se mantienen encadenados como forma de protesta, esperando la resolución final del proceso. Su permanencia frente al Palacio de Justicia simboliza el reclamo constante por una sentencia ejemplar. La madre expresó su incertidumbre sobre el resultado del juicio, afirmando que la espera se ha convertido en un sufrimiento prolongado.
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Según sus declaraciones, la lucha no ha cesado desde 2021, y su persistencia busca generar conciencia sobre las fallas en la aplicación de justicia en Paraguay. La familia sostiene que el caso debe cerrarse con una condena que refleje el daño causado, permitiendo que su hija pueda finalmente descansar en paz.
María Sol Chávez tenía 22 años y cursaba la carrera de Odontología. Fue atendida por la doctora Espinoza, quien le prescribió comprimidos de flúor de 1 gramo con una dosis de dos pastillas por día. La fórmula fue preparada por Sandra Hermosa, en una botica magistral, el 8 de abril de 2021. La joven falleció al día siguiente, tras ingerir la primera dosis y ser trasladada de urgencia al Sanatorio San Martín de Asunción.
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El Ministerio Público probó que hubo negligencia profesional en la prescripción y elaboración del medicamento, lo que derivó en una sobredosis letal. La responsabilidad penal de ambas fue reconocida por el tribunal, pero el debate sobre la pena sigue pendiente.
La resolución del juicio definirá si se aplican sanciones proporcionales a la gravedad del hecho. La familia espera que esta instancia sirva no solo como reparación simbólica, sino también como precedente para evitar futuras negligencias.
Fuente: ABC Color
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