La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca establecer sanciones penales contra quienes ingresen de manera ilegal teléfonos celulares, dispositivos satelitales y equipos informáticos a los centros penitenciarios del país.
La iniciativa, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR-Capital) en colaboración con el Ministerio de Justicia, representa un intento por fortalecer la seguridad dentro del sistema carcelario paraguayo, donde el uso no autorizado de tecnología se ha convertido en un problema crítico.
#AConsideración Proyecto de Ley, “QUE PROHIBE LA INTRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE TELÉFONOS CELULARES, SATELITÁLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELECTRÓNICO O NO, EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS” pic.twitter.com/Qmamtjick2
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) April 29, 2025
Durante la sesión legislativa, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Pedro Ortiz (ANR-Central), respaldó la propuesta e informó sobre una modificación incorporada al texto original. Específicamente, se agregó la expresión «en contexto de encierro» para delimitar con mayor precisión el alcance de la normativa en lo referente a los centros educativos incluidos en la legislación, evitando así posibles confusiones en su aplicación.
Por otra parte, la legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Capital) manifestó su apoyo al objetivo principal del proyecto, aunque señaló ciertas inconsistencias técnicas relacionadas con los marcos penales establecidos. En este sentido, la parlamentaria solicitó que durante el tratamiento en la Cámara Alta se realice una revisión más exhaustiva de estos aspectos para garantizar la coherencia jurídica de la propuesta.
El texto aprobado contempla penas de hasta cinco años de prisión para cualquier ciudadano que introduzca sin autorización estos dispositivos electrónicos a las instalaciones penitenciarias. Asimismo, establece un agravante para los casos en que el responsable sea un funcionario público o una persona que preste servicios dentro del sistema carcelario, elevando la sanción hasta siete años de reclusión, lo que refleja la mayor responsabilidad que recae sobre quienes deben velar por la seguridad institucional.
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Cabe destacar que la fundamentación del proyecto señala que estos dispositivos son frecuentemente utilizados para la planificación y coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles, comprometiendo gravemente la seguridad pública. Por este motivo, la normativa también incluye la penalización de la tentativa del delito, buscando desalentar cualquier conducta que pueda facilitar la comunicación no autorizada de personas privadas de libertad con el exterior.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde deberá someterse a análisis en comisiones y posteriormente en el plenario para su eventual sanción definitiva. De concretarse su aprobación, representaría un avance significativo en los esfuerzos por modernizar y hacer más efectivo el control dentro del sistema penitenciario nacional.
Fuente: El Nacional
