La concejala de Lambaré y precandidata a intendenta, Carolina González, modificó su declaración jurada ante la Contraloría General de la República el pasado 18 de febrero, coincidiendo con la fecha en que la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de su esposo, el cartista Orlando Arévalo. Esta actualización incluyó el reporte de millonarios préstamos que aumentaron significativamente su pasivo declarado, en una aparente estrategia para justificar el incremento patrimonial vinculado a la construcción de su residencia en Lambaré.
Por otro lado, esta modificación guarda estrecha relación con un audio filtrado donde González consultaba sobre cómo obtener un crédito en una cooperativa para justificar las inversiones realizadas en su propiedad. «Vos tenés una idea de cómo tengo que sacar eso en la cooperativa?», se escucha preguntar a la concejala en la grabación dirigida a la arquitecta responsable de la obra, evidenciando una posible planificación para documentar el origen de los fondos destinados a la construcción, estimada en 2.000 millones de guaraníes.
En esa línea, el cambio más llamativo en la nueva declaración jurada es el aumento exponencial de sus deudas, que pasaron de G. 148.933.000 en diciembre de 2021 a G. 1.117.070.387 en febrero de 2024.
Entre los nuevos pasivos declarados destaca un préstamo de G. 606.986.208 supuestamente adquirido en enero con la Cooperativa Lambaré, precisamente la entidad mencionada en el audio filtrado, además de otro crédito por G. 127.879.259 con el Banco Nacional de Fomento y deudas de tarjetas de crédito por G. 39.980.297.
El patrimonio declarado incluye además obligaciones por G. 342.224.623 con concesionarias de vehículos, correspondientes a la adquisición de tres automóviles: un Nissan Versa modelo 2023, un Kia Sorento 2021 y un Kia Soluto 2020. Esta actualización de bienes y deudas ocurre en un contexto complejo para la familia Arévalo-González, quienes enfrentan una denuncia penal por parte de la empresa constructora Rehobot.
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La situación judicial se complica para la pareja tras la reciente denuncia presentada por la constructora, que los acusa de haber utilizado influencias para evitar el pago por las obras realizadas en su residencia. La empresa señala al exdiputado Orlando Arévalo, a Carolina González, a la hija de ambos, Gloria Arévalo, y a la fiscala Sandra Ledesma como presuntos responsables de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias y extorsión, entre otros delitos.
El caso ha generado particular atención por las coincidencias entre el audio filtrado, donde González anticipaba la necesidad de justificar los fondos para la construcción, y las posteriores modificaciones en su declaración jurada. Esta situación se enmarca en el escándalo que llevó a la renuncia de Arévalo como diputado, tras revelarse conversaciones con el fallecido legislador Eulalio «Lalo» Gomes que sugerían un presunto uso indebido de influencias desde su posición como expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Fuente: ABC Color
