La Corte Suprema de Justicia suspendió de forma provisional la ley que prohibía la entrega de vales de combustible a funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado, mediante una medida cautelar que congela la vigencia del artículo 1 de la Ley 6954 y sus reglamentaciones. La resolución se firmó el pasado 28 de abril.
Con esta decisión, se mantiene el beneficio de combustible estatal para legisladores, ministros, jueces y funcionarios, pese a los intentos legislativos por eliminarlo como parte de medidas de austeridad en el gasto público.
Con plata del pueblo, qué fácil…
Seguirán asignando cupos de combustibles a autoridades y funcionarios
♦️ La Corte Suprema hizo lugar a medida cautelar.
Los ministros dejaron sin efecto la medida que suspendía estos privilegios aprobada en… pic.twitter.com/qxwhIwTLJU
— NPY Oficial (@npyoficial) May 7, 2025
La Sala Constitucional argumentó que las normativas afectadas por la acción podrían generar “perjuicios irreparables” en el presupuesto 2025, lo que justificó la aceptación de la medida cautelar. El documento lleva la firma de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por el abogado Gustavo Gorostiaga, asesor de la propia Corte Suprema, quien solicitó la suspensión de la norma que restringía el acceso a este tipo de beneficios dentro del sector público.
El artículo suspendido prohibía expresamente la entrega, exoneración o descuento de combustible a funcionarios y autoridades del Estado, incluidas todas las instituciones y organismos públicos. La medida ahora queda sin efecto mientras se estudia el fondo de la cuestión jurídica.
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En paralelo, el Presupuesto General de la Nación para el presente año contempla gastos por G. 133,1 billones, e incluye beneficios criticados por la ciudadanía como aumentos salariales, vales de combustible y cuestionadas contrataciones de personal no calificado.
La decisión genera nuevamente debate sobre los privilegios del funcionariado estatal y los esfuerzos por mejorar la transparencia y eficiencia del gasto público, en medio del creciente malestar ciudadano por prácticas consideradas injustificadas.
Fuente: ÚH
