Imagen de archivo NPy
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que el subsidio estatal al transporte público debe ser eliminado completamente, debido a su ineficiencia y el escaso beneficio que representa para los ciudadanos. El planteamiento fue realizado este martes tras su comparecencia ante la Comisión de Cuentas del Congreso, donde presentó un informe sobre el uso de bonos soberanos.
Según el ministro, el monto de USD 14 millones previsto en bonos para cubrir el subsidio debería ser gestionado solo con impuestos, pero aclaró que el verdadero desafío está en rediseñar todo el sistema de transporte. “Lo ideal sería reducir ese subsidio a cero. No solo dejar de usar bonos, sino también eliminar cualquier forma de financiamiento con recursos públicos si no hay mejoras para los usuarios”, afirmó.
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Valdovinos reconoció que él mismo fue víctima de las falencias del sistema de transporte, tras sufrir un colapso vial camino al Congreso. Aseguró que la ciudadanía está insatisfecha y que el modelo actual no cumple con su propósito, por lo que insistió en una reingeniería del sistema que contemple una inversión inteligente de los recursos.
El subsidio anual al sector ronda los USD 40 millones y es cuestionado por su falta de resultados visibles. La senadora Celeste Amarilla se sumó a las críticas, argumentando que el uso de bonos soberanos para este fin es un desvío indebido. “El subsidio debería beneficiar directamente al usuario, no a los empresarios del transporte”, sostuvo.
Amarilla señaló además que los bonos están destinados a obras de infraestructura o a pagar deuda pública, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, y no a cubrir costos operativos sin retorno tangible para el Estado.
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En su defensa, Valdovinos indicó que la prioridad del Gobierno es mejorar el gasto público, lo que se traduce en una reducción del déficit fiscal y una menor proporción del presupuesto destinada a salarios, que pasó del 80% a poco más del 60%.
La discusión se da en un contexto de creciente presión sobre la calidad del gasto estatal, y de dudas sobre la efectividad de los subsidios que, según el MEF, no están generando el impacto social esperado.
Fuente: ÚH
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