El sistema financiero paraguayo incorpora una importante actualización con la implementación de los pagarés electrónicos, amparados por la Ley 6.822/21 y el Decreto 7.576. Esta iniciativa forma parte de la transformación digital del país, buscando eliminar prácticas poco seguras y fortalecer la confianza en las transacciones comerciales mediante herramientas tecnológicas que protegen la integridad de estos instrumentos de crédito.
Una característica destacada del nuevo sistema es la trazabilidad que proporciona durante el ciclo de vida del documento. Los pagarés electrónicos pueden ser monitoreados desde su emisión, durante su ejecución y hasta su cancelación, creando un registro que dificulta duplicaciones y contribuye a la legitimidad de cada transacción. Este seguimiento representa una mejora en la seguridad para las partes involucradas en operaciones crediticias.
Plantean registro nacional para combatir la mafia de pagarés
El Director de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio, Lucas Sotomayor, señaló que la incorporación de firmas electrónicas cualificadas y sellos de tiempo electrónicos aporta elementos de seguridad adicionales. Estos componentes permiten identificar al firmante y establecer la fecha de cada operación, lo que ayuda a prevenir la adulteración o el uso indebido de los títulos de crédito. La certificación digital busca mantener la integridad del pagaré desde su creación hasta su cancelación.
La implementación de esta iniciativa ha sido desarrollada por el Viceministerio de Comercio en colaboración con diversas instituciones. Este trabajo conjunto ha permitido la creación de proyectos piloto diseñados para evaluar y ajustar la herramienta antes de su implementación definitiva, con el objetivo de asegurar que el sistema cumpla con los requisitos técnicos y legales para su funcionamiento en el mercado financiero paraguayo.
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Además de agilizar el intercambio de valores, los pagarés electrónicos buscan mejorar la protección de los usuarios al proporcionar información clara sobre el estado de sus documentos financieros. Este acceso a la información permite a individuos y empresas conocer sus obligaciones y derechos, reduciendo posibles confusiones relacionadas con los términos de los acuerdos crediticios. La digitalización también ayuda a resolver dudas sobre la autenticidad de los documentos.
La implementación de este sistema contribuye a la prevención de irregularidades en el ámbito financiero. La trazabilidad reduce riesgos como la emisión de pagarés con fechas manipuladas o las ejecuciones indebidas. Adicionalmente, el sistema beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al facilitar su acceso al crédito mediante procesos más eficientes y con menores costos administrativos, apoyando el desarrollo económico del país.
Fuente: Agencia IP
