Reunión de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados con un representante del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Foto: Gentileza.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó una propuesta para unificar todas las normas vigentes sobre financiamiento político en Paraguay. Esta iniciativa, que aún se encuentra en etapa preliminar, busca consolidar en un único cuerpo legal las disposiciones actualmente dispersas en cuatro leyes que regulan la financiación de campañas electorales y actividades partidarias.
El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó la propuesta en una reunión con la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados. Señaló que los ministros del TSJE —César Emilio Rossel, Jaime Bestard y Jorge Enrique Bogarín González— respaldan esta iniciativa y consideran necesario establecer un marco legal coherente y cronológico que facilite su aplicación y fiscalización.
La propuesta contempla la participación de los tres poderes del Estado, así como de instituciones clave como la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo central es ordenar la legislación y eliminar contradicciones entre normas actuales que, en su forma fragmentada, dificultan la supervisión y la prevención de ilícitos financieros durante procesos electorales.
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Ruiz Díaz enfatizó que la futura ley debe definir con claridad las funciones y responsabilidades de las entidades involucradas en el control del financiamiento político. Esto incluye la prevención del lavado de activos, la supervisión del origen de los fondos y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas que sean operativos y transparentes.
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La planificación de este proyecto legislativo se encuentra en una fase inicial. El equipo técnico del TSJE prevé un trabajo preparatorio de dos a tres semanas, para luego iniciar la redacción del borrador normativo en una cuarta etapa. La intención es presentar una propuesta consolidada que pueda ser discutida a nivel legislativo con base en consensos institucionales.
Fuente: Última Hora
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