Fiscal María Estefanía González. Foto: Radio 1000 AM.
La Fiscalía dio un giro inesperado en el caso de desmonte ilegal en el Chaco paraguayo al presentar acusación formal contra dos personas involucradas en la tala y quema de aproximadamente 2.900 hectáreas de bosque nativo. La fiscal Adjunta Estefanía González rectificó la controversial postura anterior que pretendía otorgar beneficios procesales a los implicados, solicitando ahora un juicio oral y público para esclarecer los hechos.
La acusación fue presentada ante la jueza Fany Cáceres tras un trámite de oposición, fundamentándose en la Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medioambiente”. Este proceso legal busca determinar la responsabilidad penal de los acusados por la destrucción de una extensa área boscosa, considerada un recurso natural de vital importancia para el equilibrio ecológico del país.
El caso cobró notoriedad pública cuando la fiscal Laura Ávalos había aprobado inicialmente una suspensión condicional del procedimiento para uno de los procesados y un sobreseimiento definitivo para el otro. Esta decisión generó amplio rechazo en diversos sectores debido a la desproporción entre el daño ambiental causado y la compensación propuesta de apenas 50 millones de guaraníes por parte del procesado Miguel Barriocanal.
La controversia escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el accionar de la fiscalía fue objeto de fuertes críticas durante una sesión plenaria. El impacto institucional fue tal que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió interiorizarse sobre los pormenores del caso, evaluando la actuación de los funcionarios involucrados en la investigación.
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La nueva acusación representa un cambio significativo en la postura del Ministerio Público frente a delitos ambientales que tradicionalmente han sido tratados con relativa indulgencia en el sistema judicial. La rectificación de la fiscalía envía un mensaje contundente sobre la gravedad de los delitos contra el patrimonio natural del país.
El caso se encuentra ahora en etapa procesal y aguarda la definición de fecha para el inicio del juicio oral y público. Esta causa constituye un precedente importante para futuros procesos relacionados con delitos ambientales en Paraguay, especialmente aquellos que afectan ecosistemas frágiles como el del Chaco paraguayo, una región de alta biodiversidad y creciente presión por el avance de la frontera agropecuaria.
Fuente: PDS Digital
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