El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Foto: Archivo ÚH
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió una advertencia categórica dirigida a los agentes fiscales mediante la circular F.G.E. N.º 07, donde establece que informar a los medios de comunicación sobre imputaciones constituye una falta grave sujeta a sanciones disciplinarias. Esta medida refuerza las restricciones informativas para los funcionarios del Ministerio Público en sus relaciones con la prensa.
La comunicación oficial subraya lo establecido en el Código Procesal Penal, citando expresamente que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”. El documento recuerda a los fiscales que la etapa preparatoria del proceso mantiene un carácter reservado y no debe ser divulgada a terceros bajo ninguna circunstancia.
Rolón Fernández hace especial énfasis en la obligación de confidencialidad, mencionando que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”. Esta restricción pretende salvaguardar tanto la presunción de inocencia como la integridad de las investigaciones en curso.
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La circular establece claramente que el incumplimiento de estas directrices “será considerada falta grave”, dejando en manos de los fiscales adjuntos la responsabilidad de controlar y monitorear estas conductas. Este mecanismo de supervisión interna busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas de confidencialidad en todos los niveles de la institución.
No es la primera vez que la administración de Rolón Fernández implementa restricciones comunicacionales a sus funcionarios. En mayo del año pasado, ya había emitido disposiciones prohibiendo a los funcionarios realizar comunicados que “afecten a la institución”, como respuesta al reclamo público de un médico forense de Alto Paraná que denunció la falta de insumos necesarios para desempeñar adecuadamente su labor.
Las organizaciones de prensa observan con preocupación estas restricciones, considerando que podrían limitar significativamente el acceso de la ciudadanía a información sobre procesos judiciales de interés público. Este tipo de medidas afecta directamente la labor periodística y el derecho de la sociedad a estar informada sobre el funcionamiento del sistema judicial paraguayo.
Fuente: El Observador
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