El Gobierno de Javier Milei disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para recabar información sobre el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada desde las redes oficiales del propio presidente. La medida, oficializada este martes mediante el decreto 332/2025, generó una ola de críticas desde sectores opositores, que ahora impulsan la reactivación de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
La UTI, que funcionó solo tres meses, fue montada cinco días después de la publicación del tuit presidencial que dio visibilidad al criptoactivo y tenía como objetivo colaborar de forma rápida con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Según el decreto, su disolución se basa en que ya presentó un informe final a la fiscalía. Sin embargo, ni el Congreso ni la ciudadanía accedieron a los resultados de dicha investigación.
Mientras tanto, diputados de la oposición buscarán este miércoles —durante una sesión prevista para tratar temas previsionales— designar autoridades de la comisión especial que debe investigar el caso. El proceso había quedado trabado por una maniobra de Martín Menem, quien reconfiguró la composición de los bloques aliados, forzando un empate que impidió avanzar con la presidencia del espacio.
La oposición considera la eliminación de la UTI como un intento del Ejecutivo de clausurar el frente legislativo en medio de crecientes sospechas sobre la participación del propio Milei, su hermana Karina Milei y otros funcionarios en la posible maniobra fraudulenta con la criptomoneda.
La Justicia avanza en paralelo
En paralelo, la jueza María Servini de Cubría ordenó el congelamiento de bienes y activos financieros de varios implicados en el caso, entre ellos empresarios del denominado Tech Forum, donde habría nacido el proyecto de $LIBRA.
También instruyó a un equipo especializado a investigar el patrimonio de Javier y Karina Milei desde 2023 hasta la fecha, abriendo un legajo reservado. El fiscal del caso solicitó ayuda para analizar la evolución patrimonial del círculo presidencial y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
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En otro frente, una nueva denuncia penal apunta a Karina Milei como presunta recaudadora de “coimas” a cambio de facilitar entrevistas con el presidente, en un rol que ya fue calificado judicialmente como “la valijera” del gobierno.
Duras críticas desde la oposición
Las reacciones fueron inmediatas. Diputados como Julia Strada (Unión por la Patria), Esteban Paulón (socialista), Nicolás del Caño (PTS) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), coincidieron en que la eliminación de la UTI confirma que nunca existió intención real de investigar el caso. Denunciaron opacidad, encubrimiento y complicidad oficialista.
“El gobierno demuestra que está haciendo todo lo posible para impedir el esclarecimiento real de los hechos”, afirmó Ferraro, mientras que Itai Hagman sostuvo: “Siempre fue un fake, nunca se animaron a investigar absolutamente nada”.
Fuente: Clarín
