Gentileza Cuarto Poder.
El Ministerio de Justicia vuelve a estar en el centro de cuestionamientos institucionales por la designación de Karina Logviniuk como secretaria de la jefa de Gabinete. Su nombramiento fue oficializado mediante Decreto Presidencial el 3 de abril como directora, pero sorprendentemente, cinco días después, fue reubicada como secretaria sin explicaciones públicas.
De acuerdo con fuentes internas, Logviniuk no cumple actualmente funciones específicas en el ministerio. Funcionarios consultados bajo condición de anonimato indicaron que no se le conoce ninguna tarea concreta, pese a percibir un salario mensual que oscila entre 12 y 14 millones de guaraníes.
El perfil académico de Logviniuk tampoco coincide con el rango del cargo. No posee título universitario, y su formación está vinculada al área de nutrición, sin conexión directa con las funciones que se le asignaron en el Ministerio de Justicia.
Este tipo de salarios, generalmente reservados para personal con alta preparación técnica o académica, han generado preocupación entre los funcionarios de carrera. La falta de un perfil profesional acorde acentúa la percepción de que el nombramiento responde más a vínculos políticos que a méritos.
Logviniuk figura además desde 2015 como Asistente Jurisdiccional (II) con un salario de G. 4.320.000 en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Segundo Turno, de Capiatá, según consta en planillas oficiales del sistema judicial.
Su militancia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), refuerza las sospechas de nepotismo, considerando la falta de justificación técnica o administrativa para su ascenso dentro de la estructura del Estado.
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El entorno familiar también suma elementos a la controversia. Su hermana ejerció como defensora pública en Concepción desde 2017, renunciando al cargo en 2018 tras episodios polémicos. Actualmente, se presenta como pastora de una congregación religiosa.
La ausencia de claridad sobre los criterios utilizados para este tipo de nombramientos genera inquietud en el entorno institucional. La transparencia y la rigurosidad en la designación de cargos públicos siguen siendo demandas pendientes en el aparato estatal.
Mientras tanto, casos como el de Karina Logviniuk exponen una práctica persistente: el uso discrecional del aparato público para premiar lealtades partidarias, sin considerar la capacidad técnica ni el cumplimiento de funciones reales dentro de la administración.
Fuente: Cuarto Poder
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