Durante la apertura de sobres de la licitación para la compra de máquinas de votación, realizada en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los oferentes presentaron varias objeciones que ahora deberán ser evaluadas antes de la adjudicación.
Participan en esta etapa el Consorcio Paraguay Democrático, el Consorcio Comitia – MSA y la firma Miru Systems. Cada uno presentó protestas contra sus competidores, señalando supuestos incumplimientos a los requisitos técnicos y documentales exigidos.
Consorcio Comitia MSA: Oferente de máquinas de votación para el TSJE contaría con varias quejas y reclamos
Una de las tres empresas oferentes para la adquisición de 28.000 máquinas de votación para el TSJE es el Consorcio Comitia MSA, quien contaría con varias quejas por… pic.twitter.com/tVn06elfHp
— Radio Ñandutí (@nanduti) May 22, 2025
Contra el Consorcio Paraguay Democrático, se señaló que no detalla en el acta de intención las actividades específicas de sus integrantes. También se observó que varios documentos carecen de firmas válidas y que una de las empresas del consorcio no cumpliría con normativas vigentes.
En el caso de Miru Systems, las críticas apuntan a la presentación de formularios con fechas inconsistentes, documentos en inglés sin traducción certificada al español y firmas consideradas inválidas. Estos errores podrían inhabilitar su participación.
Sobre Comitia – MSA, los reclamos se centran en discrepancias de domicilio en los documentos presentados y en que el consorcio solo tiene un empleado inscripto en el IPS. Según sus contrincantes, eso sería insuficiente para cumplir con el contrato en caso de resultar adjudicado.
El TSJE también recepcionó otras protestas, como la que acusa a los oferentes de no declarar adecuadamente a los representantes legales de las firmas que integran cada consorcio. Estos reclamos apuntan a un posible incumplimiento de normativas de contrataciones públicas.
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Además de las objeciones técnicas y administrativas, el politólogo Luis Fretes Carreras presentó un documento señalando que el proceso de compra no garantiza transparencia ni participación ciudadana, condiciones que considera esenciales para la adquisición de tecnología electoral.
Fretes sostuvo que no se convocaron audiencias públicas como establece la Constitución Nacional en su artículo 46, y que tampoco se incluyó a organizaciones especializadas en tecnología como observadoras del proceso.
Finalmente, expresó que la falta de mecanismos de seguridad y control ciudadano podría comprometer la soberanía popular en futuras elecciones, advirtiendo sobre los riesgos de implementar un sistema sin garantías suficientes.
Fuente: ABC Color
