Carlos Fernández Valdovinos. Lucas Nuñez/LPO.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la reforma estructural de la Caja Fiscal comenzará con una modificación clave: el establecimiento de una edad mínima de jubilación uniforme para todos los sectores del Estado. La iniciativa, según el ministro Carlos Fernández Valdovinos, apunta a corregir desigualdades que afectan la sostenibilidad del sistema.
Actualmente, existen amplias diferencias entre sectores. Mientras algunos grupos, como maestros, policías y militares, pueden jubilarse a los 50 años tras cumplir con un mínimo de aportes, otros, como los funcionarios de la Administración Central, deben esperar hasta los 62 años. Esta disparidad es una de las principales fuentes del creciente déficit del sistema previsional estatal.
El déficit de la Caja Fiscal al cierre del primer cuatrimestre de 2025 alcanzó G. 814.352 millones, equivalentes a USD 102,6 millones. De acuerdo con el titular del MEF, la edad de retiro es el parámetro más crítico, dado que una parte considerable de los beneficiarios se jubila a edades productivas, generando una presión insostenible sobre los fondos públicos.
En la última década, el déficit se multiplicó más de treinta veces. En 2015, ascendía a USD 8,2 millones; en 2024, se disparó a USD 281 millones. El ministro estima que el impacto anual para el Estado se sitúa entre USD 250 millones y USD 300 millones, lo que pone en riesgo la viabilidad del sistema si no se realizan cambios estructurales.
Fernández Valdovinos también planteó la necesidad de rediseñar la estructura de recursos humanos en el sector público, de modo a aprovechar mejor el potencial de los funcionarios más experimentados. En áreas como la Policía, muchos puestos administrativos son ocupados por personal joven, lo cual podría ajustarse si se eleva la edad mínima de retiro.
Otro eje del debate será la equidad en el esquema de aportes. Actualmente, a diferencia del Instituto de Previsión Social (IPS), donde empleadores y empleados contribuyen, en la Caja Fiscal solo lo hacen los funcionarios. El ministro propuso evaluar una contribución estatal adicional del 3% al 5% sobre los salarios, lo cual requerirá consenso legislativo.
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Además, cuestionó la lógica de diferenciar los sistemas solo porque el IPS ofrece servicios de salud, dado que el Estado financia seguros privados para sus funcionarios. En ese sentido, propuso integrar esta discusión en la futura reforma, que será tratada por el Congreso Nacional este mismo año.
El MEF ya trazó un calendario de reformas anuales, habiendo promovido en años anteriores la Superintendencia de Jubilaciones y la Ley de Servicio Civil. En 2025, el objetivo principal será concretar la reforma de la Caja Fiscal, considerada una de las leyes más sensibles del ámbito social.
La propuesta será elaborada por el Poder Ejecutivo, pero su aprobación dependerá de la voluntad política del Legislativo. El ministro insistió en que la sostenibilidad del sistema previsional debe construirse sobre un esfuerzo conjunto entre el Estado empleador y los trabajadores del sector público.
Fuente: Última Hora
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