Federico Ezequiel Santoro Vasallo, empresario argentino de 44 años, operó por años en Paraguay sin enfrentar obstáculos judiciales, a pesar de figurar en múltiples investigaciones por delitos graves. Solo fue imputado por la fiscalía paraguaya el 23 de agosto de 2023, días antes de que EE.UU. formalizara una acusación por lavado de dinero narco.
La fiscalía local dejó pasar más de un año desde el inicio de la operación A Ultranza Py —en febrero de 2022— para intervenir. Durante ese tiempo, Santoro estuvo vinculado a al menos cuatro investigaciones: trata de personas, operación Smart, A Ultranza Py y el caso del avión iraní-venezolano. Sin embargo, su nombre no motivó acciones judiciales inmediatas.
En ambas operaciones, Santoro aparecía relacionado con el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset. No obstante, pudo seguir operando sin inconvenientes. Incluso gestionó, a través de su empresa Ashley Turismo, el traslado de la tripulación de una aeronave iraní-venezolana que llegó al país entre el 13 y 16 de mayo de 2022 para cargar cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada entonces al expresidente Horacio Cartes.
Ashley Turismo no era una firma desconocida para las autoridades. Ya en 2009 había sido señalada en una causa por trata de personas, y nuevamente en 2021, en la operación Taranis, por el mismo tipo de delitos.
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La imputación fiscal de agosto de 2023 en Paraguay coincidió llamativamente con el avance de la causa en Estados Unidos. Allí, Santoro terminó aceptando su culpabilidad por conspirar para lavar dinero del narcotráfico. El 11 de julio de 2024 fue extraditado a ese país, tras ser identificado como miembro de una red que movía cocaína desde Bolivia a Paraguay desde 2019.
La esposa del acusado, María Virginia Araki, también enfrenta cargos por lavado de activos y asociación criminal. Está procesada dentro del mismo expediente que su pareja, y se aguarda la fecha de su juicio oral. Según la acusación fiscal, participaba activamente de la red criminal, junto a figuras como Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
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Investigaciones fiscales indican que tras la detención de la pareja, propiedades y bienes fueron transferidos a nombre de terceros, posiblemente para evitar embargos o confiscaciones.
Situación actual y qué se espera:
Con Santoro ya en manos de la Justicia estadounidense y su esposa aguardando juicio en el país, el caso sigue revelando el grado de penetración del crimen organizado en estructuras legales y comerciales locales. Se espera que las investigaciones continúen y que se revisen los posibles encubrimientos que le permitieron operar impunemente tanto tiempo.
Fuente: ABC Color
