Imagen: El Observador
La Corte Suprema de Justicia conformó el pleno con nueve miembros para estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución del Senado que determinó su pérdida de investidura. Los camaristas Esteban Kriskovich y Miguel Rodas integran el tribunal junto a los ministros César Diesel, Víctor Ríos, Gustavo Santander, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón. El procedimiento seguirá con el sorteo del preopinante según establece el artículo 423 del Código Procesal Civil.
Kriskovich fue el último camarista en aceptar integrar la Corte para completar el pleno de la máxima instancia judicial. Los camaristas Kriskovich y Rodas sustituyen a los ministros César Garay y Eugenio Jiménez, quienes se apartaron del caso por motivos específicos. Garay se separó debido a que González fue la fiscal acusadora durante el juicio político que se impulsó contra él en la Cámara de Diputados. Jiménez se apartó por su amistad con el abogado Juan Carlos Mendonca, quien patrocina la acción de inconstitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad cuestiona la resolución Nº 429/2023 del Senado que aprobó la pérdida de investidura de González. El artículo 423 del Código Procesal Civil establece que las sentencias definitivas serán dictadas por el tribunal y firmadas por todos sus miembros. El procedimiento requiere que cada miembro exprese su opinión o su adhesión a la de otro colega. La votación de las cuestiones de hecho y derecho comenzará por el miembro que resulte del sorteo correspondiente.
El ministro Gustavo Santander firmó el 8 de agosto del año pasado la resolución que llamó autos para resolver cuando ejercía la presidencia de la Sala Constitucional. En dicha resolución solicitó que el pleno de la Corte Suprema analice la acción promovida por la exlegisladora. Esta decisión marcó el inicio del proceso de revisión constitucional del caso en la máxima instancia judicial del país.
La Fiscalía General del Estado emitió dictamen favorable a la acción de inconstitucionalidad promovida por González. La entonces fiscala adjunta Artemisa Marchuk recomendó hacer lugar a la acción y sostuvo que la Cámara de Senadores violó el Estado de Derecho. Marchuk argumentó que el Senado vulneró el principio de legalidad al contravenir su propia resolución que reglamenta la pérdida de investidura de un senador.
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El Senado adoptó una posición particular frente a la acción de inconstitucionalidad al no contestar formalmente la demanda. La Cámara Alta devolvió los autos a la Corte Suprema y solicitó control de constitucionalidad de la resolución que exigía 30 votos para la pérdida de investidura de un senador. Esta estrategia procesal del Senado trasladó la responsabilidad de la decisión directamente a la máxima instancia judicial.
El caso representa un precedente importante en la interpretación constitucional sobre los procedimientos internos del Senado y los límites del control judicial sobre las decisiones parlamentarias. La resolución de la Corte Suprema establecerá criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de las normas internas del Senado y su compatibilidad con el ordenamiento constitucional. El fallo definirá si los procedimientos seguidos para la destitución de González respetaron los principios del debido proceso y la legalidad constitucional.
Fuente: El Observador
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