El abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó una querella por presunta difamación contra la activista social María Esther Roa, a raíz de la publicación de un audio que, según una pericia técnica, habría sido generado mediante inteligencia artificial. La acción fue planteada ante la jueza de Sentencia Mesalina Fernández, quien deberá decidir si la causa tiene mérito para avanzar a juicio oral y público.
Roa difundió el material en la red social X, donde se escucharía a Duarte supuestamente manteniendo una conversación con un ministro de la Corte Suprema de Justicia. El contenido hacía referencia a un pedido de prescripción para la causa penal que involucra a su suegro, Carlos Heisele, extitular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), imputado por lesión de confianza.
El abogado presentó como elemento probatorio una pericia acústica firmada por el técnico Guillermo Mariano Iturriete Mena. El documento señala que la voz en el archivo presenta rasgos compatibles con una grabación generada por inteligencia artificial, lo que, según la defensa del querellante, invalida el contenido como prueba fidedigna. Además, el análisis concluye que el archivo presenta ediciones y manipulaciones evidentes.
Duarte Cacavelos asegura que la publicación del audio y su vinculación a un hecho penal han afectado su honor y trayectoria profesional. En su escrito, refiere sus antecedentes como exfiscal y abogado litigante, y sostiene que la acción de la activista constituye una campaña de descrédito que busca dañar su imagen en el ámbito jurídico.
Publicación viral y cuestionamientos a la justicia
El video en cuestión también fue compartido en TikTok por el usuario @marcos.torres0189. En el material se observan imágenes del abogado mientras se escucha una voz solicitando la prescripción de una causa. Aunque la propia Roa aclaró en su posteo que desconocía si el audio era auténtico, también mencionó que el caso contra Heisele concluyó sin sanción penal, lo que alimentó críticas hacia el sistema judicial.
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La publicación fue acompañada por referencias al denominado “Cartel de la Toga”, expresión con la que algunos sectores civiles aluden a una supuesta red de protección entre magistrados y abogados influyentes. Esta mención, sumada a la viralización del material, motivó la reacción judicial de Duarte, quien pide que se analice la supuesta difamación en un juicio oral.
La acción penal privada promovida incluye como elementos de prueba documentos, publicaciones digitales y testigos. Duarte solicita al juzgado que se determine si la conducta de Roa se enmarca dentro del tipo penal de difamación, conforme al Código Penal paraguayo. La querella enfatiza que la activista actúa de manera reiterada en redes sociales sin representación legal en las causas que visibiliza, lo que, según él, compromete la integridad de los procesos judiciales.
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Por su parte, hasta el momento, Roa no ha emitido un pronunciamiento formal sobre la querella. Su actividad como referente social se caracteriza por denuncias públicas contra funcionarios y representantes del sistema judicial, muchas veces basadas en información obtenida a través de fuentes abiertas y redes sociales.
Fuente: Última Hora
