Recusación. El intendente Miguel Prieto, tras suspenderse la audiencia preliminar en los tribunales. Foto: Gentileza.
La audiencia preliminar prevista en el marco de la segunda causa penal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue suspendida debido a la presentación de recusaciones tanto contra el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, como contra siete agentes fiscales y una fiscala adjunta. Esta situación procesal impide que se estudie la elevación del caso a juicio oral, tal como lo había solicitado el Ministerio Público.
El acusado Higinio Ramón Acuña recusó al magistrado Otazú, lo que obligó al juzgado a suspender automáticamente la diligencia programada. Esta recusación se suma a una serie de planteamientos realizados por la defensa del jefe comunal, que también cuestiona la objetividad del equipo fiscal interviniente.
El intendente Prieto, a través de su representación legal, recusó a los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero, Marlene González y a la fiscala adjunta Soledad Machuca. La decisión sobre la validez de estos planteamientos corresponde ahora al Fiscal General del Estado, quien deberá resolver si los recusados continúan en el proceso.
Las recusaciones apuntan a cuestionar la imparcialidad de los representantes del Ministerio Público, señalando la existencia de circunstancias que comprometerían la objetividad en la conducción del proceso. Entre las acusaciones, se incluye la presunta filtración de información reservada a la prensa, en abierta contradicción con disposiciones internas del propio Ministerio Público.
El proceso contra Miguel Prieto y otros acusados gira en torno a la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La imputación se basa en una compra de alimentos realizada durante la pandemia de 2020, con un supuesto perjuicio patrimonial que rondaría los G. 350 millones.
Leé más: Prieto niega renuncia y acusa persecución política
De acuerdo con la acusación, se habrían utilizado fondos públicos de manera irregular en el marco de la emergencia sanitaria, lo que derivó en investigaciones paralelas y múltiples causas contra el intendente esteño. Esta audiencia correspondía a una de esas investigaciones, cuya continuidad dependerá ahora del análisis de las recusaciones.
Según los argumentos presentados, los fiscales recusados habrían actuado de forma parcial, suministrando detalles de la causa a medios de comunicación y comprometiendo el principio de reserva durante la etapa preparatoria del proceso. La defensa también citó precedentes administrativos, como una circular interna, para sostener que la actuación de los fiscales no se ajusta a criterios de imparcialidad.
Unite a nuestro canal de Facebook
Asimismo, la fiscala adjunta Machuca fue señalada por supuestamente rechazar de forma sistemática anteriores recusaciones sin un análisis de fondo. Este comportamiento fue interpretado por la defensa como una señal de falta de objetividad institucional.
La causa forma parte de un conjunto de más de 30 procesos en los que el intendente Prieto se encuentra investigado por diversas irregularidades durante su gestión municipal. La resolución de estas recusaciones será determinante para avanzar hacia una eventual etapa de juicio oral y público.
Fuente: Última Hora
Esta web usa cookies.