El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, responde con una denuncia en contra de la decisión de la CGR. Foto: Raúl Ramírez.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrenta un proceso de intervención impulsado en la Cámara de Diputados, tras una denuncia presentada por la Contraloría General de la República. La medida fue tramitada con celeridad, dando paso a la conformación de comisiones especiales encargadas de investigar las supuestas irregularidades administrativas en la comuna esteña.
Como reacción inmediata, Prieto interpuso una demanda ante el Tribunal de Cuentas, solicitando la anulación del pedido de intervención. En paralelo, pidió la suspensión del procedimiento legislativo hasta tanto se resuelva la cuestión jurídica en sede judicial. La acción se apoya en la presunta falta de fundamento legal de la solicitud de intervención, basada en una normativa derogada, según su defensa.
Ante este escenario, sectores de la oposición manifestaron su respaldo a la decisión del intendente de activar recursos judiciales. El diputado liberal Adrián Billy Vaesken consideró legítimo recurrir a todas las instancias, incluso aquellas de carácter internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA), en caso de que se mantenga la situación de indefensión alegada por la defensa de Prieto.
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Vaesken recordó un caso anterior en el que el intendente de Ñemby interpuso una acción similar, aunque no logró frenar el procedimiento en el Congreso. No obstante, afirmó que toda vía legal debe ser considerada para denunciar un presunto uso abusivo del poder político, particularmente en un contexto que involucra cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso en curso.
La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este se encuentra vinculada a una estrategia más amplia que también involucra a la administración de Asunción. La rapidez con la que se conformaron las comisiones investigadoras ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de la oposición, quienes observan una falta de equilibrio procesal.
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La administración municipal de Prieto, electo bajo la plataforma Yo Creo, sostiene que la actuación de la Contraloría se basa en criterios jurídicos insostenibles. El jefe comunal plantea que el Congreso estaría incurriendo en una injerencia contraria al orden constitucional, al procesar una intervención con fundamentos desactualizados.
El caso abre un debate jurídico sobre la influencia de medidas cautelares en el proceso parlamentario. Aunque no existen precedentes vinculantes que detengan de forma automática la actuación legislativa, la acción de Prieto busca instalar una discusión sobre las garantías procesales dentro del esquema democrático paraguayo.
Fuente: Última Hora
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