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El Laboratorio Forense del Ministerio Público atraviesa su crisis más profunda desde su creación institucional. Los funcionarios elevaron una nota formal al fiscal general Emiliano Rolón el 21 de mayo, detallando las graves deficiencias que comprometen el funcionamiento de esta dependencia crucial del sistema judicial paraguayo. La solicitud de intervención directa evidencia el deterioro estructural que afecta la capacidad investigativa del Estado. Esta situación compromete directamente la administración de justicia y la resolución de casos penales a nivel nacional.
La documentación oficial describe un panorama preocupante que abarca múltiples dimensiones operativas del laboratorio. Las renuncias masivas de personal especializado, la sobrecarga laboral extrema y la carencia de insumos básicos configuran un escenario insostenible para el funcionamiento regular. Los funcionarios alertan sobre la urgente necesidad de corregir las faltas estructurales, funcionales y de gestión que están comprometiendo gravemente la institución. Esta crisis trasciende las dificultades administrativas y amenaza la continuidad de procesos judiciales fundamentales.
El laboratorio registra 24 bajas de funcionarios altamente capacitados desde la asunción de la nueva dirección institucional. Esta hemorragia de recursos humanos especializados afecta gravemente la operatividad de las diferentes secciones técnicas. La pérdida de personal experimentado genera un círculo vicioso donde los funcionarios restantes enfrentan mayor sobrecarga laboral. Las renuncias continuas evidencian problemas estructurales que van más allá de las condiciones salariales tradicionales.
La sobrecarga de trabajo alcanza niveles críticos debido al desequilibrio entre demanda y capacidad de respuesta institucional. El volumen de solicitudes supera ampliamente las posibilidades técnicas del personal disponible, generando retrasos significativos en las pericias solicitadas. Las estadísticas institucionales confirman que se cuenta con menos personal técnico-pericial mientras aumentan exponencialmente los pedidos de investigación. Esta situación compromete la calidad de las pericias y los plazos procesales establecidos por la legislación vigente.
Las secciones esenciales carecen de profesionales peritos y personal administrativo suficiente para garantizar el funcionamiento regular. Los departamentos Operativo y Evidencias no disponen de espacios físicos adecuados para el desempeño de sus funciones técnicas especializadas. Las condiciones laborales han alcanzado niveles preocupantes de insalubridad, particularmente en la Oficina de Evidencias, donde una sola persona asume responsabilidades extremadamente complejas. Esta situación genera riesgos tanto para la seguridad física como para la estabilidad emocional del personal.
La carencia de insumos básicos paraliza procesos investigativos fundamentales para el esclarecimiento de hechos punibles. Los funcionarios no disponen de soportes digitales, equipos de medición, cámaras fotográficas y otros elementos indispensables para realizar pericias técnicas. La deficiencia en equipamiento forense se agrava por la falta de mantenimiento, calibración y actualización de software especializado. Estas limitaciones técnicas comprometen la calidad de las evidencias científicas presentadas en procesos judiciales.
Las limitaciones para traslados constituyen otro obstáculo operativo significativo para el funcionamiento del laboratorio. Los funcionarios comisionados carecen de medios y recursos para trasladarse a los lugares donde se requiere su intervención técnica. Las unidades fiscales solicitan constantemente la comparecencia de peritos, pero la institución no garantiza las condiciones logísticas necesarias. Esta situación genera demoras en procedimientos urgentes y afecta la cadena de custodia de evidencias críticas.
La distribución del recurso humano no responde a criterios de eficiencia ni productividad institucional. La organización del personal evidencia problemas de planificación estratégica que afectan el rendimiento general del laboratorio. La falta de seguridad en el edificio institucional genera riesgos adicionales para el personal y las evidencias custodiadas. Estas deficiencias estructurales reflejan problemas de gestión que requieren intervención inmediata de las autoridades superiores.
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Las estadísticas oficiales confirman que las solicitudes de pericias superan ampliamente la capacidad de respuesta institucional. Las autoridades no han implementado medidas efectivas para optimizar la gestión de pedidos provenientes de unidades fiscales y juzgados nacionales. Los directivos han elevado reiteradas solicitudes para revisar y mejorar los mecanismos de asignación y distribución de tareas, todas sin respuesta concreta. Esta falta de planificación estratégica agrava la crisis operativa del laboratorio.
Los funcionarios enfatizan que esta situación exige atención inmediata y respuestas concretas de las autoridades superiores. La preservación de la dignidad, eficiencia y seguridad del personal constituye una responsabilidad institucional ineludible. El objetivo principal busca evitar la salida continua de profesionales altamente capacitados y prevenir consecuencias más graves como la pérdida o mal manejo de evidencias. Esta crisis amenaza no solo procesos judiciales individuales sino también la credibilidad del sistema forense nacional.
Fuente: El Observador
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