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Los jueces de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú autorizaron a la Fiscalía la extracción de datos de los teléfonos celulares de varios jueces de Paz y de una ex jueza, en el marco de la investigación por la mafia de los pagarés. Entre los dispositivos que serán examinados figuran los de Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete, Gustavo Villalba y Liliana González de Bristot.
El proceso busca esclarecer las presuntas conexiones entre los jueces imputados y otros actores involucrados en esta causa que investiga el uso irregular de pagarés para demandar a deudores. La autorización fue otorgada a los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero, quienes llevan adelante la causa.
El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los datos actuales y eliminados de los registros de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y otras aplicaciones presentes en los celulares. Además, se incluyó la búsqueda de información guardada en las tarjetas de memoria y la simcard de los aparatos.
El perito designado, Jorge Sebastián Riquelme Salinas, será el responsable de ejecutar las diligencias técnicas. Se prevé que el procedimiento de extracción de datos se realice el próximo 12 de junio en el Juzgado, donde serán retirados los dispositivos para el análisis forense.
Por otra parte, el magistrado Rodrigo Estigarribia dispuso la extracción de datos del teléfono celular de la suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils. Según lo resuelto, la diligencia se llevará a cabo el 6 de junio por el mismo perito, quien deberá recuperar todos los datos relevantes y eliminados que pudieran aportar a la investigación.
El objetivo principal de estas acciones es establecer la existencia de comunicaciones y vínculos entre los jueces imputados y otros funcionarios judiciales o abogados presuntamente implicados en la red que manipulaba procesos mediante informes falsos de ujieres y actuarios.
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Las autorizaciones emitidas especifican que solo podrán extraerse datos que guarden relación con las conexiones y comunicaciones entre los imputados y personas vinculadas directamente a la causa. Esta delimitación pretende proteger la privacidad de los involucrados y ajustarse a las garantías legales vigentes.
La extracción incluye contenidos como mensajes, correos electrónicos, archivos de imágenes y videos almacenados o eliminados, y cualquier otro registro que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados por la Fiscalía.
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Los jueces imputados enfrentan cargos por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Según la imputación, habrían dictado resoluciones con base en informes adulterados para dar curso a acciones contra deudores, beneficiando de manera irregular a empresas y abogados vinculados al esquema.
Fuente: Última Hora
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