Con la intención de modernizar el sistema penal y reducir el hacinamiento en las cárceles del país, la Corte Suprema de Justicia firmó un acuerdo de cooperación para facilitar la libertad de personas recluidas por delitos menores. La medida apunta a evitar que quienes aún no tienen condena terminen siendo captados por organizaciones criminales.
El documento, suscrito por altas autoridades del sistema de justicia, conforma el nuevo “Comité para la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en la República del Paraguay”. La iniciativa cuenta con el respaldo del Programa EL PAcCTO 2.0 de la Unión Europea, representada en el acto por el embajador Javier García de Viedma.
Ministros Llanes y Benítez Riera participaron en la firma de convenio interinstitucional para aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad
➕Info: https://t.co/Tp1bSVbKHs pic.twitter.com/jefJu1haj8
— Corte Suprema CSJ (@PoderJudicialPY) June 10, 2025
Entre los firmantes del acuerdo se encuentran la vicepresidenta primera de la Corte, ministra Carolina Llanes, el ministro Luis María Benítez Riera, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, el defensor general Javier Esquivel, el ministro de Justicia Rodrigo Nicora Villamayor y el comisario general director Ramón Javier Morales.
“El encarcelamiento debe ser el último recurso, y las medidas alternativas una opción viable, eficaz y respetuosa de la dignidad humana”, expresó Nicora, subrayando el enfoque humanitario y funcional del nuevo enfoque.
La Corte Suprema ha venido impulsando desde hace años una política de racionalización en el uso de la prisión preventiva. La ministra Llanes ha insistido públicamente en la necesidad de que los jueces penales apliquen la normativa con sentido común, evitando convertir la prisión preventiva en una regla automática.
Unite a nuestro canal de Facebook
Actualmente, casi el 80 % de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena firme. Esta situación no solo sobrecarga el sistema penitenciario, sino que también expone a los internos a dinámicas delictivas más peligrosas, agravando el problema de fondo.
Con este acuerdo, las autoridades esperan avanzar hacia una política penal más equilibrada, con justicia efectiva pero respetuosa de los derechos fundamentales. No obstante, su implementación dependerá de que todos los actores judiciales comprendan la necesidad de este cambio.
Fuente: Judiciales. Net
