El Observador
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió este jueves la apertura de una investigación preliminar en torno a las actuaciones de los fiscales Alcides Corvalán, Giovanni Grisetti, Hernán Galeano y el fiscal adjunto Augusto Salas. La medida responde a los pedidos de sobreseimiento definitivo en tres causas relacionadas con el grupo empresarial Mocipar, procesado por presunta estafa.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y preopinante en el caso, Manuel Ramírez Candia, argumentó que existen elementos suficientes para dar inicio a una revisión formal de los antecedentes. Señaló que los pedidos de sobreseimiento podrían generar “una sospecha de impunidad” y afectan directamente al interés público debido al número de personas supuestamente afectadas.
Ramírez Candia explicó que la apertura de la investigación se fundamenta en la gravedad del hecho investigado, que involucra una supuesta estafa múltiple, y en la notoriedad del caso, ampliamente difundido por los medios de comunicación. “Se trata de hechos que cumplen con los requisitos para una investigación preliminar que permita evaluar si corresponde avanzar hacia un posible enjuiciamiento”, afirmó.
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La decisión fue adoptada de forma unánime por los integrantes del JEM tras analizar el contenido de una publicación del medio El Observador, titulada “Repugnante: La Fiscalía deja impune mísero esquema de estafa de Mocipar”, publicada el pasado 21 de abril. En el artículo se denuncia un posible manejo negligente de la causa por parte de los fiscales intervinientes.
El caso Mocipar involucra al exministro de Urbanismo y exempresario Dany Durand y a otros exdirectivos del grupo, investigados por supuestos hechos de estafa relacionados con la venta de electrodomésticos y vehículos bajo esquemas de financiamiento que, según las denuncias, terminaron perjudicando a centenares de clientes.
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En los tres procesos investigados por el Ministerio Público, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de los acusados. Estas decisiones ahora serán sometidas a revisión, en el marco de la investigación preliminar, con el objetivo de determinar si existió alguna falta administrativa o actuación dolosa por parte de los representantes fiscales.
Con este paso, el JEM busca transparentar los procesos judiciales y establecer posibles responsabilidades en el manejo de causas de alto impacto social, como la del caso Mocipar, que volvió a cobrar notoriedad tras el aparente cierre de procesos judiciales sin sanción.
Fuente: El Observador
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