El Ministerio de Justicia, dirigido por Rodrigo Nicora, publicó en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una cuestionable licitación para la provisión de alimentos destinados a personas privadas de libertad con un abultado presupuesto de G. 60.000 millones. El polémico llamado busca contratar empresas que suministren insumos alimentarios para 30 dependencias distribuidas en todo el territorio nacional. El extenso proceso licitatorio establece entregas quincenales desde la firma del contrato hasta el 31 de enero de 2027, abarcando un sospechoso período de ejecución superior a dos años.
La lista de productos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones comprende alimentos básicos como pollo entero, puchero de primera, fideos surtidos, yerba común y medicinal, extracto de tomate y queso Paraguay. Los insumos también abarcan granos como poroto rojo y arroz, además de harina de trigo, leche entera y productos frescos. Las verduras contempladas incluyen naranja, locote verde y cebolla, completando la canasta básica con margarina y otros productos esenciales para la alimentación penitenciaria.
Las 30 dependencias beneficiarias del programa alimentario incluyen penitenciarías, centros educativos correccionales y hogares estatales ubicados en diferentes departamentos del país. La modalidad quincenal de entrega busca garantizar el suministro constante de alimentos frescos y preservar la calidad nutricional de las raciones. El cronograma de distribución deberá coordinarse con las autoridades de cada establecimiento para optimizar la logística y reducir los costos operativos del programa.
Fuentes consultadas por este medio confirman que empresas mimadas del gobierno vinculadas al controvertido programa Hambre Cero ya manifiestan interés en participar del dudoso proceso licitatorio. Estas compañías privilegiadas han desarrollado experiencia en la provisión masiva de alimentos para programas estatales durante la actual administración. La conveniente participación de estos proveedores favorecidos genera expectativas sobre la continuidad de políticas alimentarias en el sistema penitenciario nacional.
Informaciones extraoficiales revelan que un influyente hombre fuerte de Honor Colorado estaría operando activamente para hacerse con la adjudicación del lucrativo contrato. La estrecha proximidad entre algunos empresarios amigos del poder y dirigentes del partido de gobierno genera serios interrogantes sobre la transparencia del proceso. Estas cuestionables vinculaciones políticas han sido objeto de reiterados cuestionamientos en licitaciones anteriores relacionadas con programas alimentarios estatales.
El cronograma establecido por la DNCP fija el 20 de junio como fecha límite para presentar consultas sobre el pliego licitatorio. Las empresas interesadas podrán solicitar aclaraciones técnicas y administrativas hasta esa fecha para preparar sus ofertas. La apertura de sobres se realizará el 26 de junio, momento en que se conocerán los participantes y sus propuestas económicas.
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La extraordinaria magnitud del presupuesto asignado convierte esta licitación en una de las más importantes del sector penitenciario nacional. Los G. 60.000 millones destinados a alimentación carcelaria afectarán directamente a las aproximadamente 17.712 personas privadas de libertad.
Fuente: Orlando Bareiro para El Nacional
