La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, imputado por la muerte de la niña Thirza Portillo. De esta manera, el profesional de la salud deberá enfrentar juicio oral por presunto homicidio culposo.
La resolución judicial ratifica lo dispuesto por el juez de garantías Mirko Valinotti, quien ya había elevado la causa a juicio oral y público. El fallo de la Corte fue emitido por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes declararon inadmisible el recurso planteado por la defensa del acusado.
El hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2021 en la clínica odontológica Mommy Dent, ubicada en el barrio Loma Pytã de Asunción. Thirza Portillo, de 9 años, falleció durante un tratamiento de conducto, tras ser sedada en un procedimiento realizado en una clínica no habilitada por el Ministerio de Salud.
El Ministerio Público imputó por homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados a tres profesionales: la odontóloga Sandra Obertino, el anestesista Adrián García Servín y el endodoncista Vicente Cabrera. La causa contra los tres será juzgada de forma conjunta.
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En el transcurso del proceso, la madre de la víctima, Gloria Franco, cuestionó duramente la actuación de la entonces fiscala del caso, Esmilda Álvarez, quien en su momento solicitó el sobreseimiento provisional del endodoncista. Esta resolución fue revocada y posteriormente se formalizó la acusación.
La clínica en la que se realizó el procedimiento no contaba con habilitación sanitaria. Según la acusación, se aplicó anestesia general sin contar con las condiciones médicas ni de infraestructura adecuadas.
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La reapertura del caso se produjo tras la intervención del fiscal Aldo Cantero, quien impulsó la acusación y solicitó el enjuiciamiento de los implicados. El juez Valinotti admitió el pedido, elevando la causa a juicio oral en 2025.
El proceso busca esclarecer responsabilidades sobre una muerte que conmocionó a la sociedad y visibilizó fallas estructurales en la regulación de servicios médicos. La realización del juicio permitirá evaluar la conducta de los profesionales implicados y determinar las eventuales sanciones penales correspondientes.
Fuente: Última Hora
