La jueza Clara Ruiz Díaz, del Juzgado Penal de Garantías N° 1, dictó prisión preventiva para Jonathan David Alejandro Presentado Alvarenga, de 29 años, tras seis audiencias de imposición de medidas. El procesado cumplirá los primeros diez días en la Comisaría 1ª de Asunción antes de ser trasladado a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú.
El hombre se desempeñaba como catequista en una iglesia de Zeballos Cue. Fue detenido durante las horas de la siesta del viernes pasado en inmediaciones del Palacio de Justicia, en cumplimiento de orden de captura emitida en marzo por la magistrada Ruiz Díaz.
Las imputaciones presentadas por la fiscal Sussy Riquelme indican que las víctimas tienen edades comprendidas entre 9 y 14 años. Las menores integraban el grupo Cavevi (Camino, Verdad y Vida) de la iglesia, donde el procesado impartía clases de catequesis para grupos de Primera Comunión, Confirmación y Juventud Misionera Católica los fines de semana.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2022 y 2024, consistiendo en tocamientos indebidos a las partes íntimas de las niñas. El caso salió a la luz el 13 de agosto del año pasado, cuando una madre denunció los abusos sufridos por sus dos hijas a través de un grupo de WhatsApp de la parroquia.
Tras conocerse la denuncia inicial, otros padres consultaron a sus hijas sobre posibles comportamientos inapropiados del catequista. Esta consulta reveló que cinco menores adicionales habrían pasado por situaciones similares, lo que motivó las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales. En total, siete familias presentaron denuncias formales contra el procesado.
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La defensa del imputado solicitó arresto domiciliario en el barrio Florido de Asunción, con control aleatorio de la Comisaría 23ª. Además, ofreció la fianza personal de Clara María Antonina Portillo Rodríguez y argumentó que el procesado no posee antecedentes penales. Sin embargo, la magistrada observó que la fiadora no presentó constancia de ser contribuyente, imposibilitando verificar su solvencia económica.
La jueza fundamentó la prisión preventiva en el peligro de fuga, considerando la elevada expectativa de pena que puede alcanzar hasta 15 años de cárcel. También destacó la actitud renuente del imputado, quien no compareció a la audiencia de imposición de medidas pese a estar debidamente notificado. Adicionalmente, consideró el riesgo de obstrucción de la investigación, debido a la posibilidad de que el procesado pueda influir sobre testigos y víctimas, dado que la investigación se encuentra en etapa inicial.
Fuente: ABC Color
