El Ministerio Público imputó a Zenón Burgos (48) y Mariano Burgos (51), propietarios de la fábrica Kororo’i, por la presunta comisión del hecho punible de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. La imputación fue presentada por la agente fiscal Laura Romero luego de la explosión de una caldera que provocó la muerte de un trabajador y dejó dos heridos en Santa Rosa del Aguaray.
El incidente se produjo en la planta procesadora de láminas y terciadas, donde el trabajador Julio César Cáceres Aguilera (28) perdió la vida tras la explosión. Dos compañeros resultaron con heridas de consideración y fueron derivados a centros asistenciales. El hecho fue registrado en un video que circuló ampliamente, mostrando la magnitud del estallido y la situación de inseguridad en el sitio.
La fiscal Romero señaló en su escrito que los propietarios estaban obligados a prever medidas de seguridad industrial adecuadas, dada la naturaleza de la actividad. La omisión de controles técnicos y de mantenimiento de la caldera habría generado condiciones laborales riesgosas que terminaron en la tragedia. La acusación pone el foco en la responsabilidad empresarial frente a la integridad del personal.
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El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares para los imputados. Estas incluyen la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salida del país y otras disposiciones destinadas a asegurar la continuidad del proceso penal y evitar la obstrucción de la investigación.
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Tras la explosión, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) llegaron desde Asunción para inspeccionar la planta. El relevamiento incluyó el estado del equipo siniestrado y las condiciones laborales generales, a fin de determinar si existieron violaciones a las normas de seguridad y salud ocupacional vigentes.
Fuente: ABC Color
