Foto: Gentileza.
Una red de estafas con pagarés habría afectado a al menos 2.200 funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS), según informó el propio presidente de la institución, Jorge Brítez, ante la comisión del Senado que investiga el escándalo. El esquema, operado desde la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (FIPSA), incluía la firma de pagarés dobles, embargos sin notificación y descuentos automáticos cuestionados.
Durante la audiencia con los senadores, el equipo jurídico del IPS explicó que los funcionarios firmaban un primer pagaré ante FIPSA y luego eran derivados a casas de crédito donde se les exigía firmar un segundo documento. Cuando los afectados caían en mora o se presentaban disputas, los embargos se ejecutaban directamente sobre sus salarios sin notificación judicial previa, violando el derecho a la defensa.
Como primera respuesta institucional, el IPS suspendió los descuentos automáticos que beneficiaban a FIPSA, los cuales ascendían a unos G. 600 millones mensuales. Esta decisión se aplicó tras detectar que muchas de las deudas supuestamente gestionadas por la asociación no se pagaban, pese a los descuentos realizados.
Además, el IPS estableció nuevas normas para las asociaciones que deseen operar con descuentos a funcionarios: deberán contar con personería jurídica, inscripción vigente, autoridades formales y certificación notarial de las firmas para autorizar cualquier descuento.
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Actualmente, hay una denuncia formal por estafa presentada por la Asesoría Jurídica del IPS que abarca a 110 casos específicos, aunque las estimaciones internas indican que las víctimas podrían ser más de 2.500. Varios empleados no se animan a denunciar por miedo o por haber recibido promesas de arreglo extrajudicial.
Según el director jurídico José González, el Ministerio Público ya formuló la primera imputación y al menos siete casas de crédito están siendo investigadas por su implicación en el esquema.
Fuente: ABC Color
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