Mientras en el Congreso avanza un nuevo proyecto para permitir expresamente el derribo de aviones que ingresen ilegalmente al país, el Poder Ejecutivo asegura que no es necesaria una modificación legal. Legisladores se reunieron con el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien defendió la vigencia de la normativa actual.
Según el diputado Néstor Castellano (ANR, cartista), el Ejecutivo sostiene que la ley 6.980, vigente desde 2022, ya contempla los protocolos necesarios para interceptar vuelos irregulares. Afirmó que esta norma incluye mecanismos de respuesta progresiva por parte de la Fuerza Aérea Paraguaya, desde el intento de contacto hasta disparos de advertencia.
La discusión fue reactivada tras el anuncio del diputado independiente Rubén Rubín, quien impulsa una reforma legal que habilite directamente a los pilotos a derribar aviones que ingresen clandestinamente al espacio aéreo y no acaten las señales de las autoridades.
Rubín cuestiona que los pilotos deban esperar a estar en peligro para usar fuerza letal. A su juicio, eso debilita la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico aéreo, que frecuentemente utiliza vuelos sin plan autorizado ni registro.
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Sin embargo, el artículo 11 de la ley vigente menciona que la Fuerza Aérea puede usar fuerza letal en caso de una amenaza real de resistencia armada. Además, el protocolo exige una autorización del comandante para avanzar a la segunda fase del procedimiento: los disparos de advertencia.
El diputado Castellano respaldó la postura del ministro González, señalando que el país debe enfocar sus recursos en mejorar la capacidad tecnológica de la defensa aérea. Mencionó la compra de nuevos aviones Super Tucano y el plan de adquisición de radares como parte de esa estrategia.
Fuente: ABC Color
