Riera se suma a oficina antiterrorismo en la Triple Frontera

Los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil avanzan en la instalación de una oficina antiterrorismo en la Triple Frontera, cuya sede se ubicará en Puerto Iguazú. El proyecto es impulsado por los ministros de Seguridad de los tres países y se prevé que esté operativo en diciembre de 2025.

Desde Paraguay, el ministro del Interior Enrique Riera liderará la coordinación, acompañado por organismos de inteligencia militar y policial. La iniciativa fue confirmada por el titular de Defensa, Óscar González, quien señaló que el objetivo es fortalecer las tareas de inteligencia y presencia estatal en la región.

La oficina no requerirá gran número de agentes, pero sí integrará personal especializado, incluyendo miembros del Batallón de Inteligencia Militar y del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. La fecha de apertura dependerá de una reunión entre Riera, Patricia Bullrich y Enrique Lewandowski.

Esta nueva dependencia se suma al reciente relanzamiento del Comando Tripartito, firmado en mayo en Buenos Aires, que busca renovar los mecanismos de cooperación en seguridad regional entre los países del Mercosur frente al crimen transnacional.

El Comando había alertado en 2021 sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sin que la información fuera procesada por la Fiscalía paraguaya. Posteriormente, el jefe del Comando Tripartito en Paraguay, comisario Fernando Ruiz Díaz, sobrevivió a un intento de asesinato vinculado a estas investigaciones.

Las autoridades también relacionan estos hechos con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y de Mauricio Schwartzman, ambos vinculados a investigaciones sobre lavado de activos y narcotráfico en la región de frontera.

Fuentes de seguridad revelaron que el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos podría financiar parte de la oficina antiterrorismo. En mayo, el Departamento de Estado ofreció hasta USD 10 millones por información sobre redes financieras de Hezbolá en la Triple Frontera.

El gobierno estadounidense identifica a esta región como un punto estratégico en el financiamiento de organizaciones ilícitas. Según el Departamento de Estado, Hezbolá opera en la zona a través de comercio legal e ilegal, lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando de bienes diversos.

La instalación de esta oficina conjunta responde a la necesidad de prevenir amenazas emergentes y mejorar el intercambio de información entre los países. El proyecto busca reforzar la seguridad regional ante la convergencia de delitos complejos en una zona sensible y de alto valor geopolítico.

Fuente: La Política Online

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