Foto: Cuarto Poder.
En plena discusión sobre la eficiencia y el uso racional de los recursos públicos, la Junta Municipal de Asunción vuelve al ojo de la tormenta. Un informe revela que solo tres de sus 24 concejales concentran en sus oficinas a un total de 77 funcionarios, despertando fuertes críticas por prácticas que rozan el prebendarismo y el abuso de poder.
El concejal colorado Juan Carlos Ozorio encabeza la lista con 33 funcionarios bajo su cargo directo. Hijo del exdiputado imputado por la Fiscalía por narcotráfico, el edil mantiene una estructura de personal que lo coloca como el mayor empleador dentro del recinto deliberativo capitalino. Su cercanía con el presidente de la Junta, Turi Capello, lo ubica también entre los “favoritos” del oficialismo municipal.
Le sigue en segundo lugar el liberal Félix Ayala, conocido como “Wagner Boy”, quien cuenta con 23 funcionarios en su despacho. La distribución de tareas en su equipo incluye desde “gestiones varias” dentro y fuera de la comuna hasta funciones más genéricas como “apoyo directo al concejal”, sin mayores detalles en los registros administrativos.
En declaraciones a Ñandutí, confirmó que el listado fue efectivamente entregado al interventor municipal, pero aclaró que “en mi oficina no están trabajando 20 personas conmigo”.
Según detalló, tiene entre cinco y seis funcionarios que lo asisten directamente, todos con una antigüedad de entre 4 y 5 años. El resto, asegura, tiene entre 20 y 30 años de servicio en la institución y ya se encontraban trabajando antes de su ingreso a la Junta.
El tercer lugar lo ocupa otro integrante del mismo sector liberal, el concejal Víctor Ortiz, también del entorno de Wagner. En su oficina se registran 21 funcionarios, entre ellos cuatro dedicados exclusivamente a la búsqueda de expedientes y uno a la atención al público, además de varios con tareas indefinidas.
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Este esquema desproporcionado de personal no solo plantea dudas sobre la real utilidad de tantos asistentes, sino que también genera cuestionamientos sobre el manejo del dinero público y la existencia de posibles casos de “planillerismo”, en los que se paga salario sin que se justifique el trabajo realizado.
La Municipalidad de Asunción no cuenta hasta ahora con un sistema transparente que permita auditar con claridad las funciones reales de cada funcionario asignado a los concejales. Tampoco hay control externo efectivo sobre la necesidad o rendimiento de estas unidades administrativas sobredimensionadas.
Fuente: Ricky Alderete y Ñanduti
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