María Ramona Cardozo. Foto: Radio Ñandutí.
A dos años del asesinato de María Ramona Cardozo, embarazada de siete meses al momento del crimen, su familia exige a la Corte Suprema de Justicia que fije la nueva fecha para el juicio oral. El proceso fue suspendido tras una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del acusado, Víctor Cantero.
El juicio había comenzado el 18 de junio, pero se interrumpió debido a la medida promovida por la abogada defensora Rosalina Delvalle. Para que se retome el proceso, la Sala Constitucional debe resolver el planteamiento pendiente. La dilación ha generado preocupación entre familiares y vecinos de Altos, Cordillera.
Con una manifestación frente al Palacio de Justicia de Caacupé, los allegados a la víctima reclamaron celeridad. Carteles, globos blancos y reclamos dirigidos al presidente de la Corte, César Diesel, marcaron la jornada. La hermana de la víctima, Blanca Cardozo, exigió una respuesta urgente al pedido de justicia.
Los manifestantes cuestionaron la estrategia de la defensa, a la que calificaron como dilatoria. Señalaron que la presentación de recursos jurídicos fue hecha con el objetivo de frenar la continuidad del proceso oral y público, en perjuicio de los derechos de la víctima y su entorno familiar.
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Según los antecedentes, el cuerpo de María Ramona fue hallado en estado de descomposición. La gravedad del caso, que también involucra la muerte del bebé en gestación, fue calificada por la familia como un crimen doble, por lo que exigen la pena máxima contra el principal acusado.
En su testimonio público, Blanca Cardozo relató las secuelas del crimen y la imposibilidad de conocer a su sobrino. También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y denunció la inacción institucional frente a los feminicidios. Afirmó que los sectores más vulnerables no encuentran justicia en Paraguay.
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La familia extendió su solidaridad a otros casos recientes, como el de María Fernanda, asesinada en similares circunstancias en Coronel Oviedo. Indicaron que estos crímenes evidencian patrones de impunidad que afectan directamente a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
El pedido principal de los familiares es que la Corte resuelva la acción presentada y fije la fecha del juicio antes de finalizar el mes de julio. Además, instaron a los jueces del Tribunal a actuar con firmeza y aplicar la máxima sanción establecida por ley.
Fuente: Última Hora
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