El presidente de Argentina, Javier Milei, ha intensificado en las últimas semanas su enfrentamiento con periodistas mediante publicaciones en redes sociales, amplificando insultos, ataques personales y campañas de desprestigio digital. Diversos sectores advierten sobre el impacto de este comportamiento en la libertad de expresión y la salud democrática.
Uno de los casos recientes involucra a la periodista Julia Mengolini, víctima de un video generado con inteligencia artificial con contenido difamatorio. El material circuló ampliamente tras recibir la aprobación tácita del presidente, quien interactuó con publicaciones ofensivas y utilizó expresiones que justifican el agravio.
La periodista María O’Donnell también fue blanco de ataques tras relevar expresiones denigrantes utilizadas por Milei en sus discursos. Las descalificaciones fueron replicadas por figuras afines al oficialismo y difundidas por el propio mandatario, lo que refuerza la estrategia de confrontación directa contra la prensa.
Amnistía Internacional alertó sobre un patrón sistemático de hostigamiento desde el Gobierno hacia comunicadores críticos. En su evaluación, estas agresiones no constituyen simples exabruptos, sino una forma de violencia institucional con consecuencias más allá del entorno digital, especialmente hacia periodistas mujeres.
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Según el informe “Muteadas”, publicado en 2023, más del 63 % de las mujeres periodistas en Argentina fue víctima de algún tipo de violencia digital. Entre los ataques más frecuentes se incluyen amenazas sexuales, acoso y difamación, lo que refleja un componente de género en la estrategia de agresión.
Organismos y especialistas en comunicación coinciden en que la exposición pública a insultos por parte del titular del Ejecutivo tiene un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo. En contextos de tensión institucional, esta práctica puede derivar en la autocensura o el silencio forzado.
Desde el entorno presidencial no se ha emitido ninguna rectificación. Por el contrario, el presidente ha justificado las agresiones como parte de una respuesta a críticas pasadas, profundizando su postura. También ha iniciado procesos judiciales contra periodistas, la mayoría desestimados por la justicia.
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Analistas advierten que el uso de expresiones como “parásitos mentales” y la promoción de contenido falso en redes sociales representan un riesgo para el debate público. La legitimación del discurso de odio desde las instituciones desdibuja los límites de la crítica legítima e instala una narrativa de confrontación constante.
Organismos internacionales y referentes democráticos reiteran que quienes ejercen el poder deben respetar estándares elevados de comunicación. La construcción de un clima democrático robusto exige responsabilidad, especialmente cuando el discurso presidencial puede influir directa e indirectamente en la seguridad de quienes informan.
Fuente: CNN
