La defensa del adolescente imputado por el feminicidio de María Fernanda presentó una recusación contra el fiscal Fermín Segovia, alegando que el agente del Ministerio Público incurrió en supuestos actos de tortura durante una diligencia realizada a comienzos de junio. La denuncia impide temporalmente al fiscal seguir actuando en la causa.
La acción fue presentada por la defensora pública Lourdes Rolón, quien argumentó irregularidades en el allanamiento de la celda del imputado, recluido en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica. Según el escrito, el procedimiento vulneró derechos fundamentales del menor de 17 años, al haberse llevado a cabo con violencia y sin las debidas garantías.
El allanamiento fue realizado en el marco de la investigación penal por el crimen de María Fernanda, joven ovetense de 17 años embarazada, cuyo cuerpo fue hallado parcialmente incinerado en un terreno baldío frente a la casa del principal sospechoso. El hecho, ocurrido en mayo de este año, causó gran conmoción social.
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En paralelo, la fiscala Gloria Rojas informó que la recusación será analizada por la instancia correspondiente y se prevé una resolución este viernes. Mientras tanto, el fiscal Segovia queda apartado del caso y no podrá realizar ninguna diligencia investigativa.
Además del adolescente, también se encuentra imputada y con prisión preventiva Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, de 19 años, amiga cercana del joven. La Fiscalía la considera presunta cómplice en el hecho punible, aunque su grado de participación aún está bajo análisis judicial.
El caso María Fernanda se encuentra en etapa de investigación preparatoria. La víctima se encontraba con un embarazo avanzado al momento del crimen, lo cual constituye un agravante en la imputación por feminicidio, según el Ministerio Público.
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El equipo fiscal había impulsado diversas diligencias periciales y testimoniales en las semanas posteriores al hallazgo del cuerpo. Sin embargo, la recusación genera una pausa momentánea en el curso de la causa y podría implicar reasignación de funciones si se acepta el pedido.
Organizaciones civiles y sectores sociales de Coronel Oviedo han manifestado preocupación por el lento avance del caso, y exigen garantías para el respeto del debido proceso, así como una investigación exhaustiva que esclarezca el crimen en todas sus aristas.
Fuente: Última Hora
