Imagen de referencia. Ibero
El Ministerio Público registró 3.521 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes durante 2024, mientras que el Ministerio de la Niñez contabilizó alrededor de 500 casos de explotación y trata infantil entre 2022 y 2024. Estas cifras reflejan el incremento de víctimas rescatadas de redes de trata, muchas veces explotadas por sus propios familiares.
El año pasado, el Ministerio de la Niñez habilitó el Centro de Protección Ñasaindy para albergar a niñas y adolescentes víctimas de trata, abuso y explotación sexual. El viceministro de Protección Integral de Derecho, Eduardo Escobar Said, destacó que nunca existió desde el Estado un centro único y especializado de este tipo.
Sin embargo, entre abril y mayo pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitó este albergue y emitió un informe oficial revelando importantes vulneraciones de derechos. El documento evidenció deficiencias estructurales en la atención a las víctimas que requieren protección especializada.
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Al momento de la visita, 11 niñas y adolescentes de entre 2 y 15 años vivían en el centro, incluyendo la hija de una de las adolescentes. Muchas permanecen allí desde hace más de seis meses, algunas llevan años en hogares de acogida, contraviniendo normativas nacionales e internacionales que establecen que deben ser excepcionales y temporales.
El informe del MNP reveló un hecho especialmente grave: una adolescente fue víctima de abuso sexual por parte de un educador dentro de otro espacio de abrigo institucional dependiente del Ministerio de la Niñez. La fiscal Viviana Duarte confirmó que el acusado aún no fue condenado y solicitó elevar la causa a juicio oral.
Las principales falencias detectadas incluyen permanencia prolongada sin planificación de egreso, falta de atención médica integral y psicológica sostenida, alimentación sin planificación nutricional, escasa vinculación escolar, ausencia de educación sexual, expedientes desorganizados y niñas sin información sobre sus causas judiciales.
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El MNP concluyó que el centro no reúne condiciones para garantizar un entorno protector y reproduce un modelo institucional contrario a la ley. La institución recomendó fortalecer la supervisión, garantizar acceso efectivo a la justicia, mejorar las condiciones del cuidado alternativo y asegurar acompañamiento psicosocial sostenido.
Escobar Said reconoció que el albergue enfrenta múltiples desafíos por corregir, pero argumentó que las estadías prolongadas se deben al contexto de vulnerabilidad y la complejidad de cada caso. El funcionario señaló que muchas víctimas son explotadas por familiares, limitando opciones de reintegración familiar, mientras que pocas familias adoptan adolescentes con historias traumáticas.
Fuente: ABC Color
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