La intervención a la Municipalidad de Asunción no solo compromete al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. También pone en tela de juicio la actuación de varios concejales que durante años aprobaron sus balances y bloquearon pedidos de investigación. Según juristas, estos ediles podrían ser destituidos por la Cámara de Diputados.
El exconcejal Federico Franco Troche explicó que tanto la Constitución Nacional como la Ley N° 317/1994 permiten la remoción de miembros de la Junta Municipal, siempre que existan elementos que vinculen su responsabilidad con las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).
La Junta tiene funciones de control sobre los actos administrativos del Ejecutivo municipal. Si el interventor Carlos Pereira encuentra elementos que acrediten complicidad o negligencia, puede incluir en su informe a los concejales como responsables políticos o administrativos del daño patrimonial.
El origen de esta intervención es atípico: no fue promovida por la Junta, como suele ocurrir, sino por la CGR. De haber sido iniciada por los ediles, se habría generado una separación de funciones y deslinde de responsabilidades. Este hecho abre la posibilidad de que Diputados analice también su eventual remoción.
En septiembre del año pasado, la mayoría cartista en la Junta bloqueó un intento de intervención impulsado por la concejal Rosanna Rolón. En esa ocasión, solo 12 votos bastaron para frenar el tratamiento por al menos un año, pese a las denuncias de desvío de G. 500.000 millones en bonos.
Durante esa sesión, varios concejales que ahora critican a Rodríguez defendieron con vehemencia su gestión. Entre ellos, los colorados cartistas Miguel Sosa, Juan Carlos Ozorio y Nasser Esgaib. La actuación de esta mayoría fue clave para sostener la administración municipal hasta que la presión ciudadana y mediática aceleraron el proceso de intervención.
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Según la Ley Orgánica Municipal, si un concejal autoriza actos ilegales o lesivos al patrimonio sin registrar su disidencia en acta, es corresponsable civil y penalmente. La Fiscalía ya investiga varios hechos de corrupción, mientras el informe final del interventor será clave para determinar nuevas responsabilidades.
Aunque la diputada Johanna Ortega considera poco probable que se incluya a los ediles en el dictamen, dependerá de los hallazgos del interventor y la presión ciudadana si finalmente la Cámara Baja considera una eventual destitución. El caso Nenecho podría sentar un precedente histórico.
Fuente: ABC Color
