El abogado representante de la familia del diputado Eulalio Lalo Gomes, Óscar Tuma. Foto: Juan Pablo Pino
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, enfrenta una nueva investigación judicial. La Corte Suprema de Justicia remitió al Ministerio Público antecedentes sobre la transferencia de cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero a nombre de su abogado defensor, Óscar Tuma. La operación se habría realizado pese a que Rodrigues Gomes estaba inhibido judicialmente.
Según fuentes judiciales, la inhibición fue inscrita en los Registros Públicos el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, dos días después, una funcionaria con rango de supervisora habría eliminado la anotación, lo que habilitó la operación inmobiliaria. La transferencia se concretó en abril de 2025.
El fiscal Andrés Arriola encabeza la causa e inició la recolección de documentos oficiales. El 14 de julio pasado, se constituyó en la Dirección de Registros Públicos y solicitó informes sobre las fincas transferidas. Las autoridades buscan establecer si existió connivencia entre el procesado y funcionarios del registro para sortear medidas judiciales.
Óscar Tuma, abogado defensor de Rodrigues Gomes, rechazó las acusaciones mediante publicaciones en su cuenta de la red social X. Señaló que no hubo simulación ni maniobra, y que las transferencias fueron realizadas de forma legal y previa a cualquier medida cautelar solicitada por la Fiscalía.
Según Tuma, el Ministerio Público recién solicitó la prohibición de innovar y contratar sobre los inmuebles el 8 de julio de 2025, fecha en la que las propiedades ya estaban registradas a su nombre. Afirmó que la operación se llevó a cabo ante escribanos públicos, con inscripción registral válida, y dentro del marco de la ley.
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El abogado sostiene que no existía orden judicial que restringiera esas propiedades al momento de la transferencia. Añadió que la Fiscalía busca instalar dudas para justificar la falta de diligencia en la imposición oportuna de medidas preventivas.
El caso se mantiene bajo reserva, pero la Fiscalía analiza si se incurrió en frustración de comiso, figura penal contemplada cuando se impide intencionalmente que bienes sujetos a procesos judiciales sean objeto de confiscación. Las pesquisas se centran en establecer la cronología y legalidad de las operaciones realizadas.
Fuente: El Observador
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