Suboficial César Antonio Giménez González, imputado por abuso a una menor, prófugo desde este lunes 9 de julio. Foto: @hectordalegre
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició una investigación preliminar contra los camaristas que beneficiaron con arresto domiciliario a un policía imputado por abuso sexual infantil. El agente, procesado por haber abusado de su hijastra desde los siete años, se encuentra prófugo desde que fue alojado en una comisaría como lugar de reclusión.
Los camaristas investigados son Margarita Miranda, Édgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo, del Tribunal de Apelación de Caazapá. Ellos revocaron la prisión preventiva en la Agrupación Especializada y dispusieron que el imputado cumpla arresto en la sede de la Comisaría 1ª de Caazapá, donde finalmente desapareció.
La medida fue ampliamente cuestionada por el Ministerio Público. La fiscala Laury Vázquez solicitó de inmediato protección policial para la víctima, una menor de edad, y su familia, considerando el riesgo que representa la fuga del procesado, quien ya se encuentra en situación de rebeldía.
El ministro de la Corte Suprema y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, sostuvo que el caso reviste extrema gravedad por tratarse de un hecho que afecta directamente a una niña. Consideró que la situación constituye un claro interés social, dado el contexto de impunidad que suele rodear los casos de violencia sexual contra menores.
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Ramírez Candia añadió que se cumplen los requisitos legales para iniciar la investigación de oficio, y que se solicitará el expediente completo para evaluar si los magistrados incurrieron en mal desempeño de funciones al revocar la medida cautelar dictada por el juzgado de primera instancia.
El caso se originó en enero de este año, cuando la madre de la niña denunció que su pareja, un suboficial de policía, habría cometido abusos sistemáticos contra su hija entre 2016 y 2019. El hombre vivía con la madre, sus hijos en común y la menor, que fue víctima de reiterados hechos de abuso según la denuncia.
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La semana pasada, una comitiva fiscal-policial allanó una vivienda en el departamento de Caazapá en busca del prófugo y de nuevas evidencias. A pesar del operativo, hasta la fecha no ha sido recapturado.
La jueza de garantías ordenó nuevamente la prisión preventiva, mientras el Ministerio Público avanza en las diligencias para localizar al imputado. La actuación del tribunal será ahora revisada por el JEM, en un contexto de creciente presión pública por mayor rigurosidad en casos de abuso sexual contra menores.
Fuente: Última Hora
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