Pasajeros intentan subir a un transporte público. Empresarios culpan al Estado por el pésimo servicio. Foto: Gustavo Machado
La amenaza de un paro de 72 horas en el transporte público del Área Metropolitana de Asunción (AMA) puso en evidencia las profundas deficiencias estructurales de un sistema considerado insostenible por especialistas. Aunque el conflicto se resolvió mediante un acuerdo entre los gremios empresariales Cetrapam y Ucetrama con las autoridades del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, la crisis reveló la fragilidad de un modelo que depende crecientemente de subsidios estatales financiados con deuda externa.
El Gobierno accedió a las principales exigencias de los empresarios del transporte para evitar la paralización del servicio. Entre las concesiones figuran el pago del subsidio correspondiente al mes de mayo, la actualización de la tarifa técnica del pasaje, la contratación de la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil y el estudio para el traslado directo del subsidio a los pasajeros. Esta capitulación evidenció la dependencia total del sistema respecto a las negociaciones entre empresarios y Estado.
Un estudio de Horizonte Positivo basado en la Encuesta de Movilidad del AMA reveló que numerosos ciudadanos han dejado de considerar el transporte público como una opción viable de movilidad. En días laborales, gran parte de la población prefiere utilizar automóviles particulares o incluso caminar antes que esperar buses cuya llegada resulta incierta. Esta tendencia refleja el deterioro progresivo de la confianza ciudadana en el sistema de transporte colectivo.
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El gasto estatal en subsidios al transporte público experimentó un crecimiento exponencial entre 2021 y 2023, casi triplicándose durante este período. En 2023 se superaron los 50 millones de dólares, marcando un récord histórico en el desembolso de recursos públicos para sostener el sistema. Para 2025 se presupuestaron aproximadamente 38 millones de dólares, aunque en los primeros dos meses ya se ejecutó el 24,3% del total previsto.
La financiación de estos subsidios representa un problema adicional para las finanzas públicas paraguayas. Desde hace varios años, el subsidio dejó de cubrirse con ingresos corrientes del Tesoro y se financia casi exclusivamente con deuda pública. En 2022 se utilizaron 36,6 millones de dólares provenientes de bonos soberanos, mientras que en 2025 el 100% de los pagos hasta mayo provino de fuentes externas, transfiriendo el costo a las futuras generaciones.
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Actualmente existe un anteproyecto de ley preparado por el Viceministerio de Transporte que será presentado próximamente al Congreso Nacional. La propuesta busca establecer un nuevo marco legal para el sistema de transporte metropolitano mediante una visión integral centrada en las personas. Horizonte Positivo considera que esta iniciativa representa una oportunidad para discutir una reforma de fondo que incluya gobernanza metropolitana, redefinición del uso de subsidios y mecanismos de rendición de cuentas ciudadana.
Fuente: ABC Color
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