Luis Ortigoza, expresidente del Indert. Foto: Archivo.
Luis Ortigoza, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), volvió a suspender su audiencia preliminar este martes, lo que generó una nueva paralización en uno de los procesos judiciales más significativos en su contra. El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta pidió sancionar al acusado y a su abogado por recurrir a maniobras dilatorias reiteradas.
Ortigoza está imputado por tentativa de estafa tras supuestamente intentar adjudicar una porción del terreno del aeropuerto de Capitán Bado al ciudadano árabe Ali Hatem Barakat. La preliminar debía definir si el caso pasa a juicio oral, pero la recusación contra la jueza Clara Ruiz Díaz pospuso nuevamente la diligencia.
El Ministerio Público sostiene que la recusación fue presentada con fines exclusivamente dilatorios. Por ello, solicitó que se apliquen medidas disciplinarias ante el uso sistemático de recursos legales que obstaculizan el desarrollo del proceso. La causa quedó a la espera del dictamen de la Cámara de Apelaciones.
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Ortigoza estuvo prófugo durante seis años, tras escapar en medio de un juicio oral por lesión de confianza en otra causa. Fue recapturado a inicios de este mes en San Lorenzo, durante un operativo antidrogas que desbarató una red de microtráfico y otros delitos. Su detención fue por órdenes de captura pendientes, no por el procedimiento en curso.
Entre las causas pendientes, destaca la investigación por la compra irregular de 5.743 hectáreas en Cordillera, por valor de G. 46.884 millones. La adquisición fue hecha durante su gestión al frente del Indert, pese a que las tierras no eran aptas para reforma agraria, y estaban vinculadas a la firma San Agustín, ligada al exsenador Jorge Oviedo Matto.
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Otra acusación relevante es la supuesta venta irregular de tierras de la reserva natural Mbaracayú, que habría generado un perjuicio superior a G. 40.000 millones. Este caso se encuentra en etapa preparatoria y aún no cuenta con fecha de audiencia.
El historial procesal de Ortigoza exhibe un patrón de obstrucción judicial mediante recursos como recusaciones, ausencias y fugas, dificultando el avance de los casos en su contra. La Fiscalía insiste en que las medidas de sanción podrían marcar un precedente frente al uso abusivo del sistema procesal.
Fuente: Última Hora
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