La funcionaria municipal Mabel Corvalán (de rojo) en una de las audiencias ante el fiscal Leonardi Guerrero, que fue reemplazado por la fiscala Natalia Cacavelos en la undiad fiscal. MARCIA FERREIRA
El Tribunal de Sentencia condenó a una funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo y a una agente policial por conformar un esquema de cobros indebidos para la expedición de licencias de conducir. Ambas mujeres recibieron penas con suspensión de ejecución, tras comprobarse su responsabilidad penal.
La funcionaria Mabel Corvalán Achucarro fue condenada a dos años por producción y uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido. En tanto, la agente policial Nilsa Evelin Morel recibió una pena de un año y ocho meses por los mismos hechos, ambos en calidad de autoras. El fallo fue dictado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Dina Marchuk.
La causa se inició en abril de 2023, cuando dos ciudadanas relataron que debieron pagar G. 25.000 cada una por certificados de vida y residencia, que por ley deben ser expedidos en forma gratuita. La entrega del dinero se realizó en la oficina de Tránsito municipal, y los documentos fueron gestionados sin verificación ni presencia física de las solicitantes.
Durante la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos en las oficinas municipales, domicilios de las acusadas y en el Puesto Policial Villa 24 de Junio. En el bolso de Corvalán se halló el dinero marcado previamente por la Fiscalía, junto con legajos de los trámites irregulares. Además, se incautaron equipos y sellos utilizados para los certificados falsos.
La fiscala Natalia Cacavelos presentó las pruebas que demostraron que las acusadas mantenían una práctica sistemática. Mediante mensajes de WhatsApp, Corvalán remitía fotografías de documentos a la suboficial Morel, quien elaboraba las constancias sin validación ni presencia de los interesados. En el libro de registros policiales no figuraba el ingreso de las personas a quienes se emitieron los certificados.
Testimonios de otros agentes policiales confirmaron que la expedición del certificado no tiene costo y debe hacerse con verificación física. Aunque en algunos casos se dejaba una colaboración voluntaria, nunca fue una exigencia, señalaron. Actualmente, la Comandancia dispuso que el documento sea gratuito y deje de ser requisito para trámites municipales.
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Irónicamente, la condena llegó dos meses después de que el certificado de vida y residencia fuera eliminado como requisito obligatorio para obtener licencias de conducir. Sin embargo, el Ministerio Público continúa investigando si hay más casos similares.
El intendente Felipe Salomón había formalizado la denuncia tras detectar las irregularidades. La Fiscalía valoró esta acción como una señal de cooperación institucional para combatir prácticas corruptas dentro de la administración pública.
Fuente: ABC Color
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