Jorge Rivas, abogado. ÚH
La nueva Ley de Servicio Civil autoriza el uso de inteligencia artificial por parte de funcionarios públicos, siempre que el contenido generado sea asumido en su totalidad por el responsable. La norma establece que no se considerará falta si se informa previamente sobre la utilización de herramientas de IA en las tareas administrativas.
Jorge Rivas, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, analizó los principales cambios que introduce la Ley 7445/25 y despejó dudas sobre puntos controvertidos. Municipalidades y sindicatos presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la normativa que genera debate en diferentes sectores.
La nueva estructura legal establece categorías diferenciadas de servidores públicos, distinguiendo entre contratados y nombrados como empleados y funcionarios públicos respectivamente. Rivas señala que esta clasificación representa uno de los cambios más llamativos respecto a la legislación anterior que estuvo vigente durante 25 años.
La Ley de la Función Pública y del Servicio Civil modifica sustancialmente la forma de ingresar, permanecer, ascender y ser desvinculado del sector público. La normativa incluye medidas más estrictas contra el nepotismo y nuevas regulaciones sobre el uso de tecnología en la administración estatal.
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Rivas destaca que varios aspectos incluidos en la normativa responden a reclamos históricos sobre la necesidad de modernizar y ordenar el empleo público en Paraguay. El especialista explica que la nueva ley recoge la experiencia acumulada durante la vigencia de la anterior, corrige errores y mejora sustancialmente la regulación del sector.
La nueva clasificación establece funcionarios públicos, directivos públicos y directivos de conducción política con regímenes específicos. Los empleados públicos, que son los contratados, tienen un régimen similar pero no igual al de los funcionarios, y no pueden acceder a cargos directivos ni ocupar posiciones de confianza.
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Respecto al combate al nepotismo, Rivas enfatiza que la nueva ley es mucho más severa para evitar este tipo de casos que se evidenciaron en aumento durante los últimos años. La normativa establece evaluaciones de desempeño obligatorias para profesionalizar la función pública y mejorar la productividad del sector.
La nueva norma establece que todos los contratados deben aportar obligatoriamente a un régimen de seguridad social, lo que podría beneficiar la sostenibilidad de la Caja Fiscal que actualmente registra un déficit superior a 160 millones de dólares. Rivas advierte que los intendentes deben reglamentar la normativa o quedarán sujetos a la reglamentación del Viceministerio de Capital Humano.
Fuente: Última Hora
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