El fiscal Carlos Ramírez ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la niña de 12 años asesinada en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, tras recibir presión de familiares y cuestionamientos de legisladores. La decisión representa un cambio de postura del agente del Ministerio Público, quien inicialmente había descartado la inspección por considerarla innecesaria.
El representante fiscal había argumentado que el profesional forense que intervino en el levantamiento del cuerpo ya había determinado la causa de muerte y no encontró indicios de abuso sexual previo al crimen. Esta posición generó controversia entre los familiares de la víctima y algunos miembros del Poder Legislativo, quienes ejercieron presión para modificar la decisión inicial.
La menor fue encontrada sin vida en un yuyal ubicado aproximadamente a 200 metros de su vivienda, después de ser reportada como desaparecida por su familia. El hallazgo del cuerpo se produjo durante la noche tras una intensa búsqueda realizada por vecinos de la zona, quienes colaboraron con la madre de la víctima en las tareas de localización.
Marcelo Giménez Duarte, de 21 años, fue detenido por la Policía Nacional como principal sospechoso del crimen. El joven se encontraba en libertad ambulatoria por una condena previa relacionada con abuso sexual contra la misma menor en el año 2022. Esta circunstancia ha generado cuestionamientos sobre el sistema judicial y las medidas de protección implementadas.
Una comitiva fiscal-policial realizó el allanamiento de la residencia del sospechoso en busca de evidencias relacionadas con el caso. La intervención, encabezada por el fiscal Ramírez, forma parte de las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el crimen de la menor.
El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia sexual según los primeros informes, lo que refuerza la necesidad de realizar estudios forenses exhaustivos. La autopsia se llevará a cabo en Asunción para garantizar la precisión técnica del procedimiento y obtener elementos probatorios determinantes para el proceso judicial.
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El juez Osmar Baeza, quien había dispuesto la libertad condicional de Giménez Duarte, explicó su decisión argumentando que el condenado había cumplido con todos los requisitos legales establecidos. El magistrado reconoció desconocer que el sospechoso mantenía contacto visual con la víctima en el mismo distrito, pese a las prohibiciones de acercamiento impuestas.
El caso evidencia las deficiencias en el sistema de protección de menores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de personas condenadas por delitos sexuales. Las autoridades mantienen disponible la línea Fono Ayuda 147, servicio gratuito y confidencial para denunciar casos de violencia, abuso o maltrato contra niños y adolescentes las 24 horas del día.
Fuente: ABC Color
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