El Ministerio de Educación busca que los municipios puedan destinar recursos del Fonae al transporte escolar, reduciendo así su uso exclusivo para infraestructura. La propuesta ya fue aprobada en Diputados y podría ser sancionada hoy en el Senado.
Durante su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la modificación de la Ley 7264/24 que regula el uso del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), antes conocido como Fonacide. El cambio permitiría a las municipalidades utilizar hasta el 70% del fondo para adquirir vehículos escolares o contratar el servicio de traslado estudiantil.
El argumento principal del Gobierno es que muchos municipios ya no requieren inversiones en infraestructura, y que con el transporte se podrían concentrar alumnos en centros educativos de mayor capacidad, cerrando paulatinamente escuelas con escasa matrícula. “Tenemos más de 3.200 escuelas con menos de 50 alumnos, y casi 900 con menos de 20”, detalló Ramírez.
El titular del MEC también criticó el funcionamiento de los centros de escasa matrícula, donde los docentes deben aplicar sistemas de plurigrado, sin contar con la formación adecuada. “Lo central en la educación es el aprendizaje. ¿Qué puede aprender un niño en un aula con niveles mezclados y sin condiciones?”, cuestionó.
Según datos oficiales, este año el 70% del Fonae distribuido a las 264 municipalidades equivale a G. 274.000 millones. El nuevo plan contempla una cobertura de transporte escolar en un radio de hasta 10 km, y podría alcanzar a 4.600 instituciones, priorizando 700 escuelas.
Sin embargo, la propuesta fue duramente cuestionada por sectores estudiantiles y senadores de la oposición. Aylén Barreto, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), denunció que Hambre Cero aún no se universalizó y que los estudiantes de secundaria siguen excluidos. “Muchos colegios no reciben alimentación o reciben solo sobras”, afirmó.
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Barreto recordó que la ley actual no contempla a los alumnos de educación media, a excepción de distritos con altos niveles de pobreza. “Nosotros planteamos una propuesta de transporte escolar sin necesidad de cambiar leyes”, agregó.
En el ámbito legislativo, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) advirtió sobre posibles negocios detrás del proyecto. “No hay un plan maestro, ni datos de cuántas escuelas serán afectadas o qué vehículos se usarán. Piensa mal y acertarás”, señaló. Por su parte, el senador Líder Amarilla (PLRA) lamentó que se busque implementar una nueva política cuando aún no se logra cumplir con la alimentación escolar existente.
Fuente: ABC Color
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