En la Franja Costera de Asunción existen 64 astilleros, de los cuales, según denuncian concejales, apenas 4 tributan. El gremio denuncia esquema de recaudación paralela que operaba en la gestión de Nenecho. Foto: Fernando Romero
Empresarios del sector naval denunciaron ante la Junta Municipal de Asunción un sistema de recaudación paralela en la Dirección de Catastro durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez. La Cámara de Astilleros Navales, Metalúrgicos y Afines (Canamea) expuso las irregularidades que afectaron al rubro y apuntaron al uso de documentos de dudosa legalidad para habilitar establecimientos.
Julio Vázquez, presidente del gremio, aseguró que las irregularidades no se limitan a la administración de Rodríguez, pero se mantuvieron bajo su mandato. Indicó que numerosos astilleros operaban con papeles apócrifos que no pasaban por la Junta Municipal, pese a ser requisito legal para funcionar.
Según Vázquez, varios de esos documentos eran obtenidos mediante procedimientos informales y habilitaciones firmadas por direcciones que no tienen competencia. Afirmó que, incluso pagando tasas, esos permisos nunca eran elevados al órgano deliberativo municipal, encargado de su aprobación.
La situación comenzó a revertirse parcialmente recién el año pasado, por presión de concejales. Algunas empresas empezaron a pagar sus tributos de forma formal, aunque muchas aún carecen de autorización plena. Vázquez insistió en que los expedientes siguen detenidos dentro de direcciones de la intendencia.
El director interino de Catastro, Osval Borba, confirmó que el área operaba en un estado de desorden que facilitaba la corrupción. Sostuvo que encontró documentación dispersa y procesos manuales, lo que favorece la falta de control y permite la existencia de cobros indebidos.
Borba indicó que, en lo que resta de su intervención, visitará personalmente astilleros, areneros y amarraderos de la franja costera. El objetivo es notificar a cada establecimiento para que regularice su situación en un plazo de cinco días o será clausurado preventivamente.
Durante una sesión en la Junta Municipal, el concejal Miguel Sosa denunció que apenas 4 de los 64 astilleros pagan tributos, y lo hacen con valores similares a los de pequeños comercios. Señaló que las empresas utilizan tierras públicas desde hace décadas sin pagar el canon correspondiente.
El interventor Carlos Pereira respondió que aguarda los informes técnicos de Catastro para determinar cómo se liquidan los impuestos en ese sector. Explicó que hay más denuncias en distintas dependencias municipales, las cuales están siendo evaluadas para eventuales remisiones al Ministerio Público.
Pereira sostiene que la administración de Rodríguez dejó la Municipalidad en “terapia intensiva”. Informó que el pasivo supera los G. 2,3 billones, mientras que los activos disponibles apenas alcanzan el 1 % del total, lo que complica cualquier intento de reordenamiento financiero.
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En cuanto a las obligaciones financieras, los bonos emitidos por la comuna generaron compromisos por USD 230 millones hasta 2035. A la fecha, los fondos disponibles ascienden solo a USD 127.000. Ya se acumulan tres cuotas vencidas y atrasos en préstamos por déficit de caja.
A esto se suman deudas con proveedores y entidades internas, como la Caja Municipal y la asociación de funcionarios. Entre los reclamos figura el del Consorcio Pluvial Abasto, responsable de una obra clave de desagüe, que amenaza con suspender sus trabajos ante el incumplimiento de pagos.
Fuente: ABC Color
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